El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgará este miércoles una polémica ley que sube de 12,000 a 20,000 hectáreas la superficie legal de cultivos de hoja de coca y que ha sido rechazada por opositores que consideran que dará lugar al aumento del narcotráfico, informaron hoy fuentes oficiales.
La norma será aprobada tras el retorno de Morales desde La Habana, donde se recupera desde la semana pasada de una sinusitis y una infección vírica, anunció en una rueda de prensa en La Paz el vicepresidente del país, Álvaro García Linera.
La autoridad justificó que las 22,000 hectáreas garantizarán los usos tradicionales, medicinales y culturales de la hoja de coca en el país, así como su industrialización para fabricar derivados lícitos y su exportación para el “acullicu” o masticado en lugares donde esa práctica está permitida.
La hoja de coca tiene en Bolivia usos culturales, rituales y medicinales reconocidos en la Constitución, pero una parte de la producción de la planta es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.
La Ley 1008, vigente desde 1988, fijaba los parámetros para la lucha contra el narcotráfico y para la producción de hojas de coca, estableciendo el límite máximo de 12,000 hectáreas, que solo podían cultivarse en la zona subtropical de los Yungas, en La Paz.
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Además, un convenio firmado por el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005) con los cocaleros permitía que en la zona del Chapare (Cochabamba, centro), el feudo sindical de Morales, se cultiven un máximo de 3,200 hectáreas, aunque los campesinos de esa región siempre cultivaron más del doble.
La nueva norma sube la superficie legal hasta las 22,000 hectáreas, de las que 14,300 hectáreas estarán en los Yungas y 7,700 en el Chapare.
Los principales líderes opositores rechazan el incremento con el argumento de que generará más narcotráfico.
Los cocales de Yungas son conocidos como tradicionales porque nutren la comercialización para el masticado y otros usos lícitos, mientras que sobre gran parte de las toneladas de coca del Chapare cae la sospecha de que son desviadas al narcotráfico, ya que no se venden por los mercados legales.
El vicepresidente acusó a quienes critican el aumento de la superficie de cultivos legales de haber callado cuando las plantaciones estaban por encima de las 25,000 ó 30,000 hectáreas en gobiernos anteriores. EFE
