EEUU.- GUADALUPE VALENCIA.- CORRESPONSAL DE SR NEWS 490.- Como bien es sabido, el pasado miércoles 15 de marzo, horas antes de que la segunda Orden Ejecutiva sobre Inmigración del presidente estadounidense Donald Trump tomara vigencia, un juez federal de Hawaii decidió bloquearla con el argumento central de que destaca en ella la discriminación para con los musulmanes; además seguidores sustentaron el daño que causaría a la economía y lo opuesto que representa a los principios fundamentales del país.
La Casa Blanca dedicó semanas en crear y concretar el documento, una vez que el primero había pasado por el mismo problema.
Ese día, durante su discurso en Nashville, el mandatario de Estados Unidos precisó que las restricciones contempladas en su decreto eran necesarias para proteger a los americanos de los «terroristas islámicos radicales», por lo que prometió llevar el caso hasta la Corte Suprema, en caso de ser necesario. «Vamos a ganar. Vamos a mantener a nuestros ciudadanos seguros, creánme», aseveró.
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Por su parte, el Departamento de Justicia externó, a través de su portavoz, Sahara Isgur Flores: «La Orden Ejecutiva del presidente se basa en su autoridad legal de buscar y proporcionar seguridad a la nación».
Como primer paso, el viernes, el gobierno solicitó al juez en cuestión, Derrick Watson, aclare y sustente las razones de su decisión respecto al decreto.
