Diversas entidades de la sociedad civil denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la nueva legislación migratoria adoptada en Argentina fomenta la xenofobia, la intolerancia y el «racismo institucional».
Entidades ligadas a la colectividad de inmigrantes en Argentina afirmaron que la nueva normativa, en vigencia desde enero de este año, es una tentativa de establecer una relación entre el fenómeno migratorio y el aumento de casos de violencia urbana.
«Nos utilizan para resolver el problema de la inseguridad. Somos el 4,5% de la población del país; es ofensivo y humillante que nos atribuyan responsabilidad por la delincuencia», dijo Marta Guerreño, de la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC).
En la visión de Guerreño, argentina de origen paraguayo, «exponernos al brote xenófobo es indigno».
Por su parte, Nengumbi Sukama, del Instituto Argentino para la Igualdad, la Diversidad y la Integración (IARPIDI), apuntó que la nueva legislación para inmigrantes termina por impulsar inclusive el racismo contra personas llegadas desde países africanos.
«Argentina está ahora haciendo lo contrario de lo sugerido por entidades como las Naciones Unidas: en vez de combatir el racismo, lo está promoviendo», afirmó Sukama, de origen congolés.
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En respuesta, el secretario argentino de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo en la audiencia que Argentina es «un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece».
«No se trata de perseguir migrantes. La nacionalidad de quien delinque no es parte del debate. Controlar el ingreso y residencia de los inmigrantes es también parte de los derechos humanos», dijo el funcionario.
En tanto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, afirmó en la audiencia que Argentina tendría condiciones de recibir «40 millones de inmigrantes».
La CIDH, que realiza en Washington su 161º período de audiencias públicas, había convocado de oficio esta reunión, ante la «preocupación» por las modificaciones introducidas por decreto en una normativa que la entidad consideraba «modelo» para el continente.
El Ejecutivo del presidente Mauricio Macri aceleró los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, según un decreto publicado a finales de enero, que generó evidente malestar en los gobiernos de Paraguay y Bolivia. AFP
