El Gobierno de El Salvador consideró hoy que la deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos prometida por el presidente Donald Trump incrementará la violencia en el país centroamericano.
«Nosotros sabemos que si hay deportaciones masivas desde EE.UU. se va a incrementar la violencia en el país», porque «se van a venir a disputar la hegemonía y el mando de las pandillas, sobre todo en los barrios populares», dijo el ministro de Defensa, David Munguía Payés, a la prensa.
Tras la rendición de cuentas del tercer año de Gobierno del Gabinete de Seguridad, explicó que para prevenir este fenómeno el Gobierno propuso a una comisión de diputados del Congreso la implementación de un régimen de libertad condicional a los deportados que traigan antecedentes penales.
La propuesta estipula que al ingresar a El Salvador los retornados llenarán una ficha, cuya información certificará la Policía, en la que deberán declarar el tipo de antecedente que poseen y dependiendo de la gravedad del delito tendrán una audiencia con un juez.
Posteriormente, estarán obligados a presentarse mensualmente en la delegación de la Policía más cercana a su domicilio, para «garantizar que no están en ninguna actividad ilícita», dijo el vicepresidente Óscar Ortiz, el miércoles a la prensa.
Esta iniciativa del Gobierno se da en respuesta al anuncio hecho por el presidente estadounidense el pasado 18 de abril de aplicar una política de «tolerancia cero» contra bandas criminales, como la Mara Salvatrucha (MS13).
Por otra parte, el jefe militar no descartó la posibilidad de que los pandilleros con antecedentes penales deportados también sean arrestados al llegar al país.
«Si una persona viene de cometer delitos afuera, esos delitos lo convierten en un potencial criminal aquí también, por lo tanto, el Estado debería tomar algunas medidas», sostuvo y agregó que aún no se ha iniciado una «discusión concreta».
El fiscal general, Douglas Meléndez, advirtió el miércoles que los pandilleros deportados desde EE.UU. expanden el accionar de las maras en el país centroamericano.
En lo que va de 2017 unas 1.000 personas con antecedentes penales han sido deportadas desde el país norteamericano, de las que 366 son pandilleros, de acuerdo con fuentes oficiales que no han detallado si esto supone un incremento en comparación con 2016.
Las autoridades de Seguridad salvadoreñas acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.
LEGISLADOR PROPONE ARRESTAR A PANDILLEROS DEPORTADOS
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El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Guillermo Gallegos, propuso hoy, ante una posible deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos, que estos sean detenidos al momento de llegar al país.
El pasado 18 de abril el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una política de «tolerancia cero» contra bandas criminales como la Mara Salvatrucha (MS13) y la deportación masiva de pandilleros latinoamericanos que viven en los EE.UU.
La iniciativa permitiría a las autoridades arrestar a estas personas por el hecho de ser considerados como «terroristas», aunque no tengan una orden de captura en su contra, dijo Gallegos durante una conferencia de prensa en la que no explicó cómo se determinará legalmente la pertenencia a una pandilla.
La propuesta del diputado del partido de centro-derecha Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) fue presentada a través de una propuesta de reforma de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, aprobada por el Congreso en 2006.
El líder del Legislativo aseguró que El Salvador, «no puede andar con medias tintas en este tema, porque o se está o no se está en contra de las pandillas».
Gallegos agregó que «es mejor que los pandilleros estén hacinados en un centro penitenciario saturado a que estén libres y causando terror a los salvadoreños».
Sobre la propuesta del Gobierno de aplicar un régimen de libertad condicional para los salvadoreños con antecedentes penales deportados desde EE.UU, el diputado aseguró que «no es una mala idea tener un registro de estas personas» pero «se deben aplicar medidas más severas para garantizar el bienestar de los habitantes».
El vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, explicó este miércoles que la intención del Gobierno es «fortalecer los mecanismos de control» sobre las personas que cometieron delitos en el país norteamericano.
Detalló que, de aprobarse la iniciativa, al ingresar a El Salvador los retornados llenarán una ficha que será certificada por la Policía en la que deberán declarar el tipo de antecedente que poseen y dependiendo de la gravedad del delito tendrán «inmediatamente» una audiencia con un juez.
El fiscal general, Douglas Meléndez, advirtió ayer que los pandilleros deportados desde EE.UU. expanden el accionar de las maras en el país centroamericano.
En lo que va de 2017 unas 1.000 personas con antecedentes penales han sido deportadas desde el país norteamericano, de las que 366 son pandilleros, de acuerdo con fuentes oficiales que no han detallado si esto supone un incremento en comparación con 2016.
Las autoridades de Seguridad salvadoreñas acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente. EFE
