El Gobierno de Uruguay apoya la propuesta de ley de empleo obligatorio para las personas privadas de libertad que fue presentada por la senadora del opositor Partido Nacional Verónica Alonso, quien sostuvo un encuentro hoy con el ministro del Interior de ese país, Eduardo Bonomi.
«Coincidimos con el ministro que el mejor camino para esto son las medidas socio educativas a partir del trabajo y en que esta es una necesidad que va a redundar en beneficios para toda la sociedad», explicó la senadora a la prensa a su salida de la reunión.
Añadió que actualmente la población carcelaria del país suramericano asciende a unos 11.100 reclusos, por lo que valoró que con esta iniciativa se busca la rehabilitación de estas personas y la reducción de la reincidencia.
«Los presos tienen que trabajar, esto es positivo porque genera no solamente aprendizajes de un oficio sino que implica mejoras desde el punto de vista económico para las personas privadas de libertad y para sus familias», destacó.
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En ese sentido, Alonso subrayó que desde el Ministerio del Interior se busca impulsar la instalación de «polos industriales» dentro de las cárceles del país, en el que actualmente existen dos iniciativas.
«Creemos que esta es una iniciativa positiva, la propuesta es generar beneficios fiscales a aquellas empresas que se instalen en los polos industriales para que tomen mano de obra penitenciaria», acotó.
Así, la senadora uruguaya precisó que este proyecto será presentado al Parlamento para «buscar el apoyo» del resto de los partidos políticos, ya que a su juicio, esta es «una preocupación» de todo el sistema político de ese país.
En su exposición de motivos, Alonso señaló que varios países tienen dispuesta la obligación de trabajar a las personas privadas de libertad como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Japón, México, República Dominicana, entre otros. EFE
