El ex gobernador mexicano Roberto Borge, señalado por actos de corrupción en su país, deberá enfrentar un proceso de extradición luego de que un tribunal de apelaciones de Panamá declarase legal su detención.
El Ministerio Público panameño informó el martes sobre la medida judicial adoptada unánimemente por tres magistrados. La fiscalía general había pedido la audiencia, luego de la aprehensión del ex gobernador del estado de Quintana Roo en el aeropuerto internacional de la capital panameña el domingo por la noche cuando se disponía a viajar a Francia.
Borge rechazó acogerse al requerimiento de extradición a México al inicio de la audiencia, la juez Yiles Pitti le cuestionó sobre si aceptaba la extradición, a lo que Borge respondió: «No estoy de acuerdo, honorable magistrada»; mientras que uno de los abogados que contrató en Panamá argumentó que el ex gobernador fue detenido ilegalmente porque se hizo dentro del avión francés, algo que según él prohíben convenios internacionales, entre otras razones.
El fiscal en asuntos internacionales del Ministerio Público panameño, José Candanedo, discrepó al respecto y alegó que contra el ex gobernador había un pedido de captura internacional por acusaciones en su país por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y por tratar de ocultar bienes.
Ahora México tendrá un lapso de 60 días para concretar la extradición ante la cancillería, según las autoridades panameñas.
La defensa pidió asimismo la devolución de los bienes que le fueron despojados al ex gobernador durante la detención, lo que fue rechazado por el tribunal.
El subprocurador encargado de delincuencia organizada de México, Alonso Israel Lira, dijo en la víspera que Borge habría estado viajando por Miami, las Bahamas, Cuba y Barcelona antes de llegar a la capital de Panamá.
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Borge, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el presidente de México, Enrique Peña Nieto, gobernó el estado de Quintana Roo, en el sureste del país, de 2011 a 2016. Su detención es la tercera de un ex gobernador priísta en lo que va de año después de los sonados arrestos que tuvieron lugar en abril.
El primero fue el de Tomás Yarrington, que gobernó Tamaulipas (norte) y fue capturado en Florencia, Italia, acusado de lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado 12 años después de que dejara su cargo. En menos de una semana, cayó en Guatemala Javier Duarte, ex mandatario de Veracruz (este) por cargos muy similares.
La fiscalía de su país le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucran 25 inmuebles con un valor de mercado de 5.000 millones de pesos (273 millones de dólares), pero como dijo Lira sin querer dar más detalles, hay más en relación a la investigación que motivó su captura.
En noviembre del año pasado, autoridades de Quintana Roo acusaron a Borge de vender terrenos a sus allegados en los alrededores de centros turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, todos en el Caribe Mexicano, a precios que no llegaban ni al 1% del valor de mercado y justo antes de dejar su puesto en septiembre.
En diciembre de 2016, el PRI suspendió sus derechos en el partido hasta que no se resolvieran las investigaciones en su contra, pero no llegó a expulsarlo, como sí hizo entonces con Yarrington y posteriormente con Duarte. Sin embargo, no fue sino hasta el 31 de mayo de 2017 cuando se emitió la orden de captura de Borge, según dijo el subprocurador. La detención llegó cuatro días después, noche electoral en varios estados de México, pero Lira rechazó cualquier conexión entre ambos hechos.
La captura de los ex gobernadores ha sido destacada por el gobierno como ejemplo de su lucha contra la corrupción. Sin embargo, hay analistas que consideran que también son una muestra precisamente de ese problema, máxime cuando políticos como Yarrington llevaban años prófugos. AP
