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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, postergó para el viernes la instalación de su Asamblea Constituyente, que tiene un gran rechazo internacional y cuya elección es investigada por «fraude».
«Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, en vez de hacerla mañana jueves, se organice en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario, el próximo viernes», dijo Maduro en un acto con asambleístas elegidos el domingo pasado.
La oposición convocó a marchar en Caracas el jueves para rechazar la instalación del nuevo órgano, que se mantuvo pese al aplazamiento.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, postergó para el viernes la instalación de su Asamblea Constituyente, que tiene un gran rechazo internacional y cuya elección es investigada por «fraude».
«Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, en vez de hacerla mañana jueves, se organice en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario, el próximo viernes», dijo Maduro en un acto con asambleístas elegidos el domingo pasado.
La oposición convocó a marchar en Caracas el jueves para rechazar la instalación del nuevo órgano, que se mantuvo pese al aplazamiento.
Maduro, que no juramentó a los asambleístas este miércoles como estaba previsto, rechazó por otro lado la denuncia de la empresa Smartmatic, que dio el soporte tecnológico de los comicios para la Constituyente, de que hubo «manipulación» de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), según quien votaron ocho millones de personas.
La fiscal general Luisa Ortega –chavista rebelada contra Maduro– anunció que abrió una investigación sobre esta denuncia, que consideró es «un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa» la Constituyente.
La oposición convocó a marchar en Caracas el jueves para rechazar la instalación del nuevo órgano, que se mantuvo pese al aplazamiento.
Maduro, que no juramentó a los asambleístas este miércoles como estaba previsto, rechazó por otro lado la denuncia de la empresa Smartmatic, que dio el soporte tecnológico de los comicios para la Constituyente, de que hubo «manipulación» de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), según quien votaron ocho millones de personas.
La fiscal general Luisa Ortega –chavista rebelada contra Maduro– anunció que abrió una investigación sobre esta denuncia, que consideró es «un elemento más de todo el proceso fraudulento, ilegal e inconstitucional que representa» la Constituyente.
«Estamos frente a un hecho inédito, grave, que constituye delito», dijo a CNN la fiscal, que ya había dicho en otra oportunidad que Maduro tiene «ambición dictatorial».
– «Terremoto mundial» –
El dato de participación era clave para la legitimidad de la Constituyente, luego de que la oposición asegurara haber recaudado 7,6 millones de votos contra la iniciativa en un plebiscito simbólico el 16 de julio.
El cálculo de Smartmatic es que votó un millón menos al anunciado por el CNE, mientras la oposición manejaba una cifra de unos 3,5 millones de votantes.
«Es un terremoto mundial», dijo Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora, sobre la denuncia.
El dato de participación era clave para la legitimidad de la Constituyente, luego de que la oposición asegurara haber recaudado 7,6 millones de votos contra la iniciativa en un plebiscito simbólico el 16 de julio.
El cálculo de Smartmatic es que votó un millón menos al anunciado por el CNE, mientras la oposición manejaba una cifra de unos 3,5 millones de votantes.
«Es un terremoto mundial», dijo Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora, sobre la denuncia.
Tibisay Lucena, presidenta del CNE -acusado de oficialista-, aseguró que se trata de «una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamentos».
«Este proceso no lo mancha nada porque es transparente», subrayó el gobernante, quien atribuyó la versión de la compañía a una «reacción del enemigo internacional».
«Es un terremoto mundial», dijo Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora, sobre la denuncia.
Tibisay Lucena, presidenta del CNE -acusado de oficialista-, aseguró que se trata de «una aseveración irresponsable con base en estimaciones sin fundamentos».
«Este proceso no lo mancha nada porque es transparente», subrayó el gobernante, quien atribuyó la versión de la compañía a una «reacción del enemigo internacional».
El escándalo estalló en medio del rechazo de la comunidad internacional a la Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido y reformará la Carta Magna de 1999, impulsada por el presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
– Bajo temores y sanciones –
Elegida entre protestas que dejaron 10 muertos y rechazada por 72% de los venezolanos según Datanálisis, la Constituyente sesionará en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento, lo que hace temer enfrentamientos.
Desde que los opositores tomaron el control del Congreso en enero de 2016, simpatizantes del gobierno han irrumpido violentamente dos veces.
La instalación se hará pese a que una decena de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen la Constituyente, por considerarla una amenaza a la democracia.
Elegida entre protestas que dejaron 10 muertos y rechazada por 72% de los venezolanos según Datanálisis, la Constituyente sesionará en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo, en cuyo hemiciclo debate el Parlamento, lo que hace temer enfrentamientos.
Desde que los opositores tomaron el control del Congreso en enero de 2016, simpatizantes del gobierno han irrumpido violentamente dos veces.
La instalación se hará pese a que una decena de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen la Constituyente, por considerarla una amenaza a la democracia.
El gobierno también enfrenta la condena internacional por el encarcelamiento el martes de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes guardaban arresto domiciliario.
Desde que los opositores tomaron el control del Congreso en enero de 2016, simpatizantes del gobierno han irrumpido violentamente dos veces.
La instalación se hará pese a que una decena de países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea no reconocen la Constituyente, por considerarla una amenaza a la democracia.
El gobierno también enfrenta la condena internacional por el encarcelamiento el martes de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, quienes guardaban arresto domiciliario.
El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo gobierno impuso el lunes a Maduro sanciones financieras y jurídicas, fustigó las acciones de lo que llama «dictadura».
– «Hasta aquí llegué» –
Maduro sostiene que la Constituyente recuperará la economía y la paz en este país en severa crisis económica y convulsionado por protestas opositoras que dejan unos 125 muertos desde que iniciaron hace cuatro meses.
Propondrá además reforzar en la nueva carta magna el poder comunal para profundizar el socialismo, acabar con la dependencia del petróleo -fuente del 96% de los ingresos del país-, y elevar a rango constitucional los planes sociales, el control de precios contra la inflación y la entrega de alimentos subsidiados, en grave escasez.
Pero la oposición, que rechazó participar en la Constituyente, no la reconoce y asegura que fue propuesta por Maduro para evadir elecciones, perpetuarse en el poder e instaurar un modelo comunista.
La próxima semana vence el plazo de inscripción de candidatos a los comicios regionales de diciembre, pero ahora todo depende de las decisiones de la Constituyente.
«Es posible que haya rupturas en el oficialismo, esto va a poner a un sector a meditar si continúa respaldando el régimen autoritario o si dicen ‘hasta aquí llegué'», opinó el el politólogo John Magagdaleno.
Maduro convocó a la Constituyente sin consulta en referendo a los venezolanos, como sí ocurrió en 1999. Ante las críticas, propuso una consulta para aprobar la nueva Carta Magna. AFP
