ELIDA OCHOA ISAIS
El presidente de Mexicanos Primero, Erick Avilés Martínez, exigió todo el peso de la ley contra los funcionarios y profesores que conforman la red delincuencial de corrupción en compra-venta de plazas laborales en la Secretaría de Educación.
Declaró que «la corrupción de la compra-venta de plazas siempre se destapa por una demanda de fraude», es decir, «el problema no es que haya oferta, demanda y tráfico de plazas, el problema es que cuando alguien paga por una plaza y no la recibe, está siendo participe y luego denuncia un fraude», lo cual «es absurdo, porque los que participan son también cómplices».
Consideró que estos actos de ilegalidad deben «debe solucionarse desde su origen, son procesos opacos y a disposición de quienes quieran llegar a burlar la ley. Se siguen dando, hemos sabido de procesos que se han dado en fechas muy cercanas, en 2016, con denuncias públicas».
Puntualizó que aunque la ambición triunfa cuando «se presta un ciudadano a esta red de corrupción ante la desesperación por tener un trabajo y obtenerlo de manera extra legal, el problema de esta red de corrupción está en quienes las perpetran desde el escritorio».
Ya que, continuó, que «con el funcionario, abusando del poder para beneficios propios, surgen en estos actos de corrupción y debe ser castigados con todo el peso de la ley, independientemente de la demanda de los ciudadanos por obtener una plaza ante la situación de escacés de las fuentes de trabajo».
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Consideró que la responsabilidad recae «en quien supervisa los aspectos de recursos humanos en la Secretaría del Estado, porque 97 de cada 100 pesos en el sistema educativo, es para el pago de nómina, lógico es que donde puede haber mayor actos de corrupción es en esta área de Recurso Humanos».
Exhibió que «cada año nos sorprende una nota informativa con una nueva red de plazas traficadas con funcionarios, actores sindicales y personajes oscuros, hay nombres difundidos y resulta lamentable que sigan siendo trabajadores de la Secretaría, y más aún, que estén en su estructura».
Por eso «hago un exhortó para que se revise caso por caso, cada una de estas denuncias que se han hecho. Independientemente del aspecto de fraude que es muy absurdo beneficiar a un traficante de plazas».
Concluyó que «el mero hecho de que alguien señale a un funcionario con perpretador de un acto de corrupción y como miembro de una red delincuencial de compra venta de plazas, debe ser motivo de suspensión de la función pública inmediata, fulminante, de una investigación con todo el rigor de la ley y las instancias competentes de la Secretaría de la Contraloría, la Contraloría Interna de la SEE y dando vista para al Ministerio Público y a las autoridades que haya lugar en caso de que se esté dando».
Lamentó que en la actualidad «hay personas que no cumplen el perfil, que compran sus plazas y los resultados en educación lo demuestran».
