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Un total de 4.445 oficiales, incluidos seis generales, han sido destituidos de la Policía de Honduras como parte de una depuración iniciada en abril de 2016, un proceso que debe continuar sin importar quién gane las elecciones del próximo 26 de noviembre, informaron hoy sus responsables.
El secretario de la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, repasó hoy los resultados de ese ente, e instó a los partidos políticos que participarán en los comicios a comprometerse a «no bloquear lo que hasta ahora se ha venido haciendo» para depurar la fuerza pública.
«Sería un colosal infortunio dejar a medias este exitoso proceso de profilaxis y reforma de la Policía Nacional de Honduras, independientemente de quien gane las próximas elecciones generales, el proceso de reforma policial debe continuar», enfatizó Rivera.
Desde que comenzó a operar, la Comisión ha evaluado a 9.728 miembros de la carrera policial, incluidos nueve generales, de lo que 4.445 han salido de la institución por diferentes causas, precisó Rivera en una rueda de prensa.
En la comparecencia Rivera estuvo acompañado del ministro hondureño de Seguridad, Julián Pacheco, y también de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia Vilma Morales y el pastor evangélico Alberto Solórzano, ambos integrantes de la comisión depuradora.
Rivera indicó que esa comisión ha reformado el sistema educativo de la Policía Nacional, hizo una «profunda reingeniería al sistema de investigación criminal, y actualizó el marco jurídico que aplica a la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional».
«Se deja instaurado un sistema riguroso de certificación policial para que el que la haga la pague y no como antes, que reinaba la impunidad», subrayó Rivera.
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Dijo además que la tasa de homicidios en Honduras se ha reducido al pasar de 86,5 en 2011 a 42 muertos por cada 100.000 habitantes en 2017.
El «clima favorable» para las actividades ilícitas como el sicariato, la extorsión y el narcotráfico era provocado por «la permisibilidad y la tolerancia de una Policía Nacional», en la que «existían algunos malos elementos que estaban coludidos con los facinerosos», agregó.
Además por la «ausencia de capacidades institucionales que permitieran a los agentes y oficiales policiales cumplir a cabalidad con el mandato que les asigna la ley», añadió.
La comisión depuradora también instauró un sistema permanente de evaluación, investigación y certificación de los policías a través de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), entidad encargada de «investigar las faltas muy graves y graves» de los agentes.
«Si deseamos que disminuyan como hasta la fecha las muertes violentas y se sigan enfrentando con éxito a las bandas del crimen organizado, requerimos que este proceso de reforma policial no se interrumpa», subrayó Rivera.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceleró el proceso de depuración policial tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, en abril de 2016, sobre oficiales y otros agentes de la Policía que aparentemente participaron en el crimen en 2009 del zar antidrogas Julián Arístides González y del exasesor antidrogas Alfredo Landaverde, en 2011.
En teoría, la depuración de la Policía, salpicada por múltiples denuncias de oficiales y agentes involucrados en crímenes, narcotráfico y otros delitos, inició en 2011, pero en la práctica no se había ejecutado por falta de voluntad política, según la opinión de diversos sectores. EFE