La fiscalía general de Sudáfrica anunció este viernes que el ex presidente Jacob Zuma será juzgado por un viejo caso de corrupción, un mes después de que dimitiera ante la presión de su propio partido.
«Hay motivos razonables para pensar que las acciones judiciales contra Zuma darán resultado», declaró el fiscal general Shaun Abrahams en una rueda de prensa en Pretoria.
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«Me parece que un juicio es la forma más adecuada para resolver este caso», añadió.
La justicia sospecha que Zuma, acusado de corrupción y fraude, aceptó sobornos por un contrato de armamento de 4.200 millones de euros –unos 5.160 millones de dólares– firmado por Sudáfrica con varias empresas extranjeras en 1999, entre ellas la francesa Thalès.
Abrahams notificó esos cargos a Zuma, que «negó todas las acusaciones contra él», explicó el fiscal.
La decisión judicial llega un mes después de la dimisión de Zuma, que se vio obligado a abandonar la presidencia tras un largo enfrentamiento con el nuevo jefe de su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), Cyril Ramaphosa.
Éste, que hizo de la lucha contra la corrupción una de sus prioridades, sucedió a Zuma al frente del país.
El caso de los contratos de armamento tiene al país en vilo desde hace años. En 2005, el exconsejero financiero de Zuma, Schabir Shaik, fue condenado a 15 años de cárcel por conseguir los sobornos.
El presidente Thabo Mbeki aprovechó la ocasión para despedir a su rival Zuma, entonces vicepresidente, imputado por corrupción.
– Saga judicial –
Las acciones judiciales fueron anuladas una primera vez por ausencia de pruebas, y Zuma obtuvo su revancha política a finales de 2007, arrebatándole la presidencia del ANC a Mbeki.
Su alegría apenas duró 10 días, el tiempo de que la justicia lo volviera a imputar en este caso.
Muchos enterraron entonces sus ambiciones presidenciales hasta que, en un nuevo giro inesperado, un juez decidiera en 2008 invalidar su inculpación por vicio de forma.
Meses después, Zuma fue elegido presidente y el caso pareció quedar definitivamente condenado al olvido.
Pero el principal partido opositor, la Alianza Democrática (DA), logró demostrar las presiones políticas ejercidas sobre los magistrados encargados del caso gracias a grabaciones telefónicas.
Y en abril de 2016, un juzgado de Pretoria ordenó el restablecimiento de los cargos contra Zuma. El Tribunal Supremo de Apelación confirmó en octubre su sentencia y dejó el caso en manos del fiscal Abrahams.
«No sólo debe hacerse justicia, sino que también debe quedar claro que se ejerció. Soy consciente de que todo el mundo es igual ante la ley», comentó este viernes el magistrado al anunciar su decisión.
«Es una victoria para todos los que combatieron durante años para que Jacob Zuma rindiera cuentas», celebró el líder de la DA, Mmusi Maimane.
Implicado en numerosos casos de corrupción desde hace años, Zuma siempre había logrado evitar las inculpaciones hasta el momento. Excepto en 2016, cuando tuvo que reembolsar una parte de las obras de «seguridad» financiadas con dinero público en su residencia privada de Nkandla, en el este del país.
Desde su llegada al frente del ANC en diciembre y del país en febrero, el presidente Ramaphosa prometió dejar atrás la corrupción de los años Zuma. AFP
