La férrea represión tras semanas de protestas ha erosionado el apoyo que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, construyó cuidadosamente entre la Iglesia, los militares y empresarios y está envalentonando a quienes llaman a derrocar al exguerrillero marxista que ha dominado la política del país durante décadas.
Más de un mes después de que un intento por modificar el sistema de seguridad social desencadenó protestas lideradas por estudiantes, la indignación por la brutal represión, que ha dejado al menos 77 muertos y más de 800 heridos, se ha transformado en un desafío diario para Ortega.
Los manifestantes le exigen que renuncie, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo días atrás que la salida a la crisis debería ser electoral, lo que podría terminar con uno de los gobiernos izquierdistas más largos en América Latina.
No será fácil para la alianza de estudiantes, agricultores, políticos y académicos derrocar al líder sandinista, quien fue reelegido en 2016 con casi tres cuartos de los votos.
Pero el apoyo de la iglesia Católica y del sector privado es endeble. En el Ejército hay señales de disconformidad, pese a ser una organización sólidamente sandinista que fue levantada por el hermano del presidente Ortega en 1970 para derrocar a Anastasio Somoza, un dictador respaldado por Estados Unidos.
“Es una revolución cívica, inédita en la historia de mi país”, dijo Violeta Granera, una socióloga que se postuló como candidata a la vicepresidencia por un partido de oposición a Ortega en 2016.
“(Las protestas fueron) una demanda nacional y un cambio total en el sistema político, económico y social”, agregó.
La última muestra de fractura fue el miércoles, cuando después de solo cuatro días de conversaciones, la Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendió el “diálogo nacional”, visto como una oportunidad para que Ortega eliminara las protestas haciendo pequeñas concesiones.
En una declaración inusualmente contundente, Silvio José Báez, arzobispo auxiliar de la capital Managua, dijo que el Gobierno no había aceptado la agenda del diálogo de “democratización del país”. Sin embargo, las conversaciones se reanudaron el lunes.
Carlos Tünnermann Bernheim, quien se desempeñó como ministro de Educación durante el gobierno de Ortega en la década de 1980, dijo que la violencia era “una violación grave” de los términos acordados para las conversaciones.
Desde entonces, miles de nicaragüenses continúan saliendo a las calles de ciudades y pueblos, portando banderas y mensajes contra el presidente, en un intento por mantener sus protestas.
Por la noche, se esconden detrás de barricadas de ladrillos o muros de sillas así como con escritorios en universidades, armados con morteros caseros para responder a las fuerzas de seguridad y de los grupos de choque simpatizantes de Ortega.
PARÁLISIS
Los bloqueos diarios de carreteras han dificultado el transporte en todo el país a medida que los estudiantes y agricultores levantan barricadas improvisadas que dañan la economía y desgastan al gobierno. Autoridades estiman que las obstrucciones han costado unos 250 millones de dólares.
A pesar de las pérdidas, muchos en el sector privado respaldan abiertamente a los manifestantes y demandan un cambio, volviéndose contra Ortega, quien ha presidido años de fuerte crecimiento económico.
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“Nadie esperaba que esta violencia fuera así, todos la consideramos desagradable”, dijo Mario Arana, exjefe del Banco Central y portavoz del sector privado.
Cuando los líderes empresariales entendieron que la policía disparaba para mutilar o matar, incluso apuntando directamente a los ojos y cabezas “las cosas comenzaron a cambiar para todos”, agregó Arana.
Esa versión de los hechos coincide con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evidenció que durante las protestas hubo graves violaciones a los derechos humanos e incluso advirtió sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.
Ortega ha lamentado públicamente la violencia, diciendo que además de opositores, partidarios sandinistas, transeúntes y policías han muerto.
Detrás de esas escenas, el sector privado se coordinó en silencio con los estudiantes y la Iglesia y fueron partícipes del diálogo, dijeron fuentes con conocimiento de las discusiones.
Ortega ha fortalecido su control sobre el poder neutralizando a la oposición y bloqueando el desarrollo de instituciones estatales independientes. Su esposa Rosario Murillo es su vicepresidenta y es vista como un poder detrás del trono.
Pero las masivas movilizaciones le han permitido a políticos como Granera organizar una nueva alianza de la sociedad civil y grupos políticos, incluido su propio Frente Amplio para la Democracia.
No está claro si la coalición durará, dijo Eduardo Enríquez, editor del diario La Prensa, uno de los pocos medios de comunicación independientes.
“Mientras más tiempo no veamos resultados la gente comenzará a sentirse cansada y decepcionada. Y tienen la fuerza, la fuerza bruta. Así que no queremos perder el impulso”, comentó.
EJÉRCITO RENUENTE
Otra base clave del apoyo de Ortega es el Ejército. Pero en los últimos días se ha negado a salir a patrullar las calles.
En conversaciones privadas con empresarios y en una declaración a través de un portavoz a principios de la semana pasada, los comandantes superiores hicieron un llamado al diálogo y dijeron que no se unirían para reprimir a la población.
A mediados de mayo, exoficiales sostuvieron una reunión nocturna en la ciudad de Masaya, al sureste de Managua, antigua sede de la insurrección en la década de 1970 contra el entonces presidente Anastasio Somoza y lugar de algunos de los enfrentamientos más brutales de las últimas semanas.
“Todos luchamos contra el derrocamiento de la dictadura de Somoza, luego participamos en la guerra en defensa de la revolución contra los Contras”, dijo Carlo Breles, un ex comandante sandinista. “Ahora estamos iniciando una tercera lucha contra la dictadura Ortega-Murillo”. Reuters
