
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), la más grande del país, abrió hoy sus puertas, con restricciones, tras 4 meses de “parálisis” a causa de la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde abril, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La universidad permitió el ingreso únicamente a “personal docente y administrativo”, tras mantener sus puertas cerradas desde el estallido social del 18 de abril pasado.
El campus central de la UNAN-Managua, al sur de la ciudad, estuvo ocupado por los estudiantes desde mediados de mayo hasta el 13 de julio, cuando los alumnos fueron expulsados por el Gobierno, en un fuerte ataque armado de policías y paramilitares, de más de 13 horas continuas, que dejó como resultado dos universitarios fallecidos.
Los estudiantes se habían atrincherado en la UNAN-Managua para evitar una “cacería” por parte del Gobierno, contra jóvenes universitarios que habían sobrevivido a una “matanza” en la que murieron decenas de jóvenes en las últimas dos semanas de abril, según informaron organizaciones humanitarias.
Aunque los campus están protegidos por la Ley de Autonomía Universitaria, la Rectoría de la UNAN-Managua firmó un permiso para que el Gobierno atacara a sus alumnos con las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, paramilitares, parapolicías y antimotines.
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Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, también bajo la presidencia de Ortega.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.
Las clases todavía continúan suspendidas, y la fecha de reinicio será anunciada en las próximas semanas, según el Consejo Universitario de la UNAN-Managua.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. ACAN-EFE