Arrepentidos de su pasado criminal, unos 1.600 ex pandilleros de una prisión de El Salvador oficializaron el viernes su retiro de esas bandas delictivas para tratar de demostrar su rehabilitación y contribuir a bajar los altos niveles de violencia en la nación centroamericana.
Vestidos con el uniforme de la cárcel y portando sus Biblias, los ex miembros de las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha participaron en un acto en el que renegaron de sus antecedentes delictivos, que van desde portación de armas de guerra hasta homicidios, para reafirmar lo que consideran una nueva vida.
Los ex pandilleros iniciaron en febrero de 2017 un riguroso proceso de rehabilitación participando en iglesias evangélicas y en programas de alfabetización y oficios -como sastrería y cultivo de huertos- en la cárcel San Francisco Gotera, situada 166 kilómetros al este de la capital.
Según las autoridades, esta prisión era considerada de alto riesgo por sus motines, por recluir a jefes de pandillas, y por las numerosas órdenes de homicidios que salían desde allí. Pero la nueva actitud de los reos ha permitido que el recinto se convierta en “un ejemplo” para otras prisiones porque no registra índices de crimen.
Los ex miembros de las llamadas “maras” ratificaron su decisión de dejar la vida de pandilla ante autoridades y líderes religiosos, y se comprometieron a respetar las leyes y normas establecidas por el sistema de prisiones como una muestra de su irrevocable cambio.
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“(Me comprometo a) no participar ni encubrir actos ilícitos, a no coaccionar a la familia, personal penitenciario, visitas de cualquier índole para ingresar ilícitos al centro penitenciario”, decía por ejemplo el documento en el que impuso sus huellas el expandillero Raúl Paz, mientras que sus compañeros lo aplaudían en el patio de la prisión.
Según cifras del Gobierno de El Salvador, unos 70.000 pandilleros se disputan a muerte el control de las extorsiones, la venta de droga a pequeña escala, y otros delitos en las barriadas del empobrecido país, por lo que las autoridades libran una batalla para contenerlos dentro y fuera de las cárceles.
“Debemos sentirnos contentos de haber asistido y ser testigos de un acto histórico en el país. Es una fecha que va a marcar en el futuro la rehabilitación y la reintegración de las personas privadas de libertad y de todas aquellas personas que habían estado en dinámica de violencia”, expresó el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
El Salvador registró en 2017 una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, según Naciones Unidas. Reuters
