La lucha contra la corrupción se ha convertido en uno de los estandartes de gobiernos y grupos de oposición en diversos países del mundo, pero en muchos casos, estás “cruzadas” se politizaron y enfocaron en ciertos personajes políticos.
En el caso de México, en donde una de sus principales metas es el desmantelamiento de redes de corrupción al interior del gobierno federal, es importante vigilar que las acciones de la actual administración se dirijan únicamente a figuras de alto perfil mediático, señala Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
La “hiperpolitización” de las medidas de los gobiernos en contra de la corrupción es una tendencia mundial, detalla Bohórquez. El encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ante las acusaciones de recibir sobornos de una constructora brasileña a cambio de contratos millonarios, es un ejemplo de este tipo de tramas políticas.
“Lo estamos viendo en todo el mundo, en Brasil, por ejemplo, llega a Lula a Dilma a Temer, al propio Bolsonaro y se convierte en un tema que políticamente se usa y no que se conduce en el sentido de preservar y mantener el Estado de Derecho, hay que evitar a toda costa que se politice la lucha contra la corrupción, tiene que ser una lucha democrática, vas contra todos aquellos que hayan traicionado la confianza de la gente no sólo contra aquellos que no son tus adversarios y no simpatizas políticamente”, apunta el especialista.
En el caso de México, la politización de la lucha contra la corrupción podría quedar de manifiesto en el seguimiento e investigación de los responsables de la Estafa Maestra y la clave está en sí, además de la vinculación a proceso de Rosario Robles Berlanga por ejercicio indebido del servicio público, se llevan a cabo otras investigaciones con el objetivo de desmantelar toda la red de corrupción que operó en la administración priista.
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A Robles se le acusa de formar parte de una red que propició un quebranto al erario por desvíos de hasta 5,073 millones de pesos, dinero que se canalizó a una supuesta celebración de 27 convenios irregulares con universidades públicas para la prestación de servicios, que a su vez entregaron el dinero a empresas inexistentes.
Investigar a los propios integrantes del gobierno con señalamientos por corrupción, puede ser otro indicio de la integridad en la lucha contra las drogas, advierte Bohórquez.
“Por ejemplo, con el delegado de Jalisco, si el caso del delegado en Jalisco (Carlos Lomelí) queda impune pero no así el caso de rosario Robles estás viendo una politización de la lucha contra la corrupción”.
En julio de 2019 Lomelí se separó del cargo de delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, al ser señalado por presunto conflicto de interés pues, según información difundida, sus familiares forman parte de una red de empresas farmacéuticas que habría obtenido contratos millonarios del gobierno. Forbes México
