La policía disolvió este jueves una multitudinaria marcha opositora que llegó a La Paz con los cuerpos de víctimas de un choque con fuerzas oficiales, en medio de la discusión en el Congreso de una salida a la crisis en Bolivia mediante nuevas elecciones generales.
Miles de manifestantes descendieron de la vecina ciudad de El Alto con cinco féretros, en protesta por la represión y en repudio al gobierno interino de Jeanine Áñez, que asumió el poder en reemplazo de Evo Morales el 12 de noviembre.
El martes ocho hombres murieron por heridas de bala en el marco de enfrentamientos con tropas oficiales en inmediaciones de Senkata, una planta de distribución de combustible.
Los choques estallaron después de que los uniformados despejaron la salida de camiones destinados a paliar la escasez de carburante en la capital, donde se multiplican las filas para abastecerse de gasolina y comida a causa de los bloqueos de vías que afectan el suministro en seis de los nueve departamentos.
«¡Justicia, justicia!», clamaron los pobladores de El Alto mientras se abrían paso con los cuerpos hasta La Paz. En su descenso de 15 kilómetros agitaban la bandera ‘whipala’, símbolo multicolor de los pueblos originarios bolivianos.
Los indígenas aymaras quisieron montar los ataúdes sobre una tanqueta militar en la céntrica Plaza San Francisco. Uno de los féretros alcanzó a ser subido al vehículo y otros podían verse en el suelo después de la estampida que generó el gas lacrimógeno empleado por la policía.
Al menos 20 personas fueron detenidas, según vieron periodistas de la AFP. «Nos quieren matar y hay libertad para matar, hay orden para que nos maten en El Alto», dijo una mujer que se identificó como Ana Méndez, de 55 años, y quien acompañaba la protesta.
– Nuevo llamado al diálogo –
El gobierno interino ha negado que las fuerzas de seguridad estén implicadas en la muerte de los manifestantes, en medio de los duros reproches al decreto que expidió en pasados días para eximir de responsabilidad penal a los policías y militares que intentan imponer el orden.
En un mes de violencia política ya han fallecido 32 bolivianos, al menos 17 de ellos en enfrentamientos con agentes del Estado.
En un video, Áñez lamentó los recientes casos y planteó de nuevo un diálogo.
«Nos duele, porque somos un gobierno de paz y por eso pido que nos unamos para reconciliarnos (…) Pongo a disposición el gabinete en pleno para comenzar a dialogar inmediatamente» con apoyo internacional y de la iglesia, dijo la mandataria, sin identificar a sus interlocutores.
Ante el estallido social, el Congreso busca apaciguar los ánimos mediante el llamado a elecciones y la anulación del proceso del 20 de octubre.
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La oposición alegó fraude y encendió las calles contra el exgobernante aymara de 60 años. La OEA también dijo haber encontrado irregularidades en las votaciones.
La meta es que el Senado atienda «esta demanda de elecciones en el menor tiempo posible, con un nuevo tribunal electoral con hombres y mujeres confiables», dijo el presidente de la comisión que analiza las posibles convocatorias, el oficialista Oscar Ortiz.
El Congreso examina dos proyectos que apuntan al mismo fin, uno de Áñez enviado la víspera y el otro presentado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), dirigido por Morales y que cuenta con mayorías en ambas cámaras.
Oficialistas y opositores deberán nombrar a los siete magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras la destitución y captura de los antiguos jueces, por la presunta manipulación de resultados a favor del líder indígena.
Luego tendrán que definir la fecha de elecciones y decidir si el exmandatario puede postularse.
Washington sugirió al expresidente marginarse de los futuros comicios «por el bien de Bolivia», dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado.
– Protesta diplomática –
Desde su exilio, Morales insiste en haber sido víctima de un golpe de Estado. El gobierno de Áñez, que se juramentó aduciendo el abandono de Morales a su cargo, lo acusa de instigar el cerco a las ciudades para cortar la distribución de alimentos.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, presentó un video con una voz que atribuyó a Morales dando instrucciones al respecto.
Pero el exmandatario denunció, vía Twitter, un montaje para denunciarlo internacionalmente y dijo que las nuevas autoridades deberían preocuparse por «los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo, al ordenar a los militares asesinar» a sus «hermanas y hermanas, tratando de cubrir estos delitos con un decreto ilegal».
Este jueves el gobierno de Áñez elevó una «protesta formal» ante México por permitirle a Morales hacer declaraciones que «contravienen» su condición de asilado político
Además expresó «su profunda molestia» porque a sus juicio esos comentarios evidencian su «actividad conspirativa» contra las nuevas autoridades. AFP
