El último reducto opositor al gobierno provisional de Bolivia se mantiene este martes con un bloqueo de rutas en una región cocalera que sigue reconociendo a Evo Morales como su presidente, mientras la fiscalía solicitó la detención de un antiguo hombre fuerte del ex mandatario.
Los cortes viales son dirigidos por «un pequeño sector radical» de campesinos cocaleros que tiene en su poder «unos 250 kilómetros bloqueados», dijo Andrónico Rodríguez, de 29 años, vicepresidente de los sindicatos cocaleros del Chapare y considerado por muchos como sucesor de Morales.
Los cocaleros, que siguen reconociendo como presidente de Bolivia al «hermano Evo» y piden la salida de la mandataria interina, Jeanine Áñez, son «un sector radical al que nos va a costar hacer entender que deben suspender» el bloqueo, reconoció Rodríguez a periodistas.
A pesar de su cercanía con Morales, el joven dirigente marcó distancia con esos grupos y dijo abogar por «pacificar el país».
Tras semanas de conflictividad política en las calles que siguieron a las cuestionadas elecciones del 20 de octubre y que dejaron 33 muertos, Bolivia retomaba esta semana su ritmo habitual y se encamina a sus primeras elecciones sin la opción presidencial de Evo Morales en 18 años.
Una comisión del Senado comenzó a discutir este martes el reglamento para designar al nuevo tribunal electoral que guiará esos comicios -aún sin fecha-, en el marco de una nueva ley de convocatoria de elecciones pactada el domingo entre el gobierno y la oposición para avanzar en la pacificación del país.
– Tres precandidatos –
Aunque el delegado presidencial al Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, consideró «ajustado» el plazo fijado en la ley de 120 días para llamar a nuevos comicios, al menos tres precandidaturas comenzaron a perfilarse.
El expresidente Carlos Mesa y el coreano-boliviano Chi Hyung Chung (segundo y tercero respectivamente en las anuladas elecciones de octubre) anticiparon sus postulaciones, mientras que el líder civil de derechas Luis Fernando Camacho, figura central en la presión contra Morales, condicionó su candidatura a una fórmula única que lo apoye.
Mientras el país retomaba desde el lunes su pulso habitual, el tramo de la ruta que une Santa Cruz (este) con Cochabamba (centro) seguía interrumpido un día después al tránsito de vehículos, según un reporte de la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC).
El grueso de los seis sindicatos de cocaleros del Chapare, donde Morales labró su carrera política hasta llegar al poder en 2006, pactó con las autoridades la suspensión de las protestas, pero un sector desconoció el acuerdo, pues pide justicia para nueve compañeros muertos en un operativo militar-policial en esa región.
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De inmediato un «grupo de vecinos» afines al gobierno interino ocupó momentáneamente la oficina central de ese órgano público encargado de proteger los derechos de los bolivianos, en La Paz, pidiendo la dimisión de Cruz.
En pos de reducir la conflictividad, el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, acordó con algunos sindicatos campesinos y obreros dar garantías a las organizaciones sociales y conformar una comisión para liberar a los detenidos durante los conflictos políticos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó a través de un vocero «los avances positivos (…) hacia una solución pacífica y democrática de la crisis en Bolivia».
– Órdenes de detención –
En línea con la promesa de «impunidad a nadie» de Áñez, la fiscalía boliviana continuó este martes la búsqueda de varias autoridades del anterior gobierno.
Tras la detención el fin de semana de Gerardo García, vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, el lunes fue librada una «orden de aprehensión» contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hombre fuerte del exmandatario, por sedición y terrorismo.
Quintana había dicho que «Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno» si el mandatario resultaba destituido. Acosado por un movimiento civil que lo acusó de fraude en los comicios de octubre y luego de que los militares y la policía le quitaran su apoyo, Morales dimitió el 10 de noviembre y llegó asilado a México dos días después.
Además están buscados por la justicia la exministra de Culturas Vilma Alanoca por «instigación a delinquir» y el hermano del vicepresidente Álvaro García, entre otros.
Unos 20 exfuncionarios del gobierno de Morales y del anterior ente electoral están «asilados» en la embajada de México en Bolivia, incluyendo a Quintana, dijo este martes la canciller Karen Longaric. Su despacho precisó que cinco de ellos tienen orden de detención.
«La minoría fascista de #Bolivia judicializa a nuestros líderes más destacados porque electoralmente saben que están derrotados», denunció en Twitter Morales este martes. AFP