La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su rechazo en contra de la iniciativa que busca modificar la regulación de la subcontratación, actualmente en la Ley Federal del Trabajo.
Expuso que lo anterior afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación (outsourcing) y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.
Precisó en un comunicado que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de subcontratación y que se encuentra en proceso en el Senado de la República, representa “un grave error”.
Ello, sostuvo, debido a que busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo.
El organismo que aglutina a empresarios de todos los sectores ha señalado en múltiples ocasiones que la iniciativa “afecta la competitividad, la sustentabilidad y la estabilidad de empresas que realizan actividades de tercerización o subcontratación”.
Consideró que la Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas.
Al sector empresarial, subrayó, le preocupa que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa.
Mientras tanto, el Consejo Coordinador Empresarial pidió un diálogo, ante lo que considera una “acción unilateral”, debido a que esa reforma contra el llamado ‘outsourcing’.
Fin del ‘outsourcing’ pone en riesgo millones de empleos, advierte el CCE
El Consejo Coordinador Empresarial advirtió de las consecuencias que traería la iniciativa de regular el ‘outsourcing’, planteada por Napoleón Gómez Urrutia y aprobada hoy en el Senado, porque “busca criminalizar la subcontratación”.
Este organismo emitió un comunicado en el que asegura estar de acuerdo en “replantear la figura de la subcontratación para evitar abusos”. Sin embargo, el CCE aclaró que “se va mucho más allá y tiene efectos contraproducentes”.
“De concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores: se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo, se desalentaría la inversión y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional”, advirtió este organismo en su mensaje.
Como puntos concretos, el Consejo Coordinador Empresarial expuso, a la letra, que:
- Se pone en riesgo la ratificación del T-MEC por parte de Estados Unidos.
- Genera incertidumbre, porque sería un golpe frontal para miles de empresas que utilizan esta forma legal y legítima de aumentar la productividad.
- Criminaliza las relaciones laborales, ya que pone a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima, lo que se considera inaudito y realmente preocupante esta tendencia de los legisladores a querer llevar todas las prácticas que no les gustan a nivel de delincuencia; más aún, de delincuencia organizada, como si quienes invertimos y generamos empleos en el país fuéramos narcotraficantes o terroristas.
- Tiene visos de inconstitucionalidad: busca ser retroactiva, lo que es una aberración jurídica. Es decir, colocaría como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas.
- Califica de delincuentes a quienes cumplieron con la ley vigente al día de hoy. Forbes México
