A un paso de convertirse en el tercer presidente de Estados Unidos que se enfrente a un juicio político, Donald Trump lanzó el martes un ataque furibundo contra la oposición demócrata, en el que les les acusó de librar una «guerra abierta contra la democracia».
Menos de tres meses después de que estallara el escándalo ucraniano, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, está lista para aprobar los cargos de «abuso de poder» y «obstrucción del trabajo del Congreso» contra el presidente.
Un comisión de la Cámara debatía el martes, en medio de un clima de confrontación, las últimas reglas técnicas, y con toda probabilidad la votación para un juicio político contra el mandatario se celebrará el miércoles.
Trump quiso antes enviar una carta en un tono extraordinariamente colérico a la jefa de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, en la que la acusa de «minar la democracia». «Las historia la juzgará duramente», le espetó, y tildó los cargos contra él de «engañosos», «sin valores» y «absurdos».
Para el mandatario, la votación de la Cámara no es «nada más que un intento de golpe de Estado ilegal y partidista» motivado por el resentimiento. Trump acusó a los demócratas de ser «incapaces de aceptar el veredicto de las urnas».
El mandatario se presentó en la misiva como una víctima de una «cruzada viciosa» a la vez que vaticinó que saldrá airoso de este proceso: «No tengo dudas de que el pueblo estadounidense le responsabilizará, junto con los demócratas, en las elecciones de 2020».
El proceso de destitución divide a la población estadounidense: 45% quiere que Trump sea cesado (77% entre los votantes demócratas) mientras que 47% se opone, según un sondeo de la CNN-SSR.
Un puñado de legisladores demócratas moderados, elegidos en circunscripciones favorables a Trump, han dicho que apoyarán el juicio del presidente, incluso si corren el riesgo de perder votantes.
Solo dos de los 231 legisladores demócratas podrían no votar a favor de someter a Trump a juicio político y ninguno de los 197 congresistas republicanos ha anunciado hasta la fecha su apoyo al proceso de destitución del presidente.
-«Investigación precipitada»-
Por lo tanto, es casi seguro que Trump será juzgado, lo que solo le ha sucedido a dos de sus predecesores: a Andrew Johnson en 1868 y a Bill Clinton en 1998. El republicano Richard Nixon, involucrado en el escándalo de Watergate, prefirió renunciar en 1974 antes de sufrir este estigma.
Trump será juzgado en el Senado, probablemente en enero. Pero se espera que sea absuelto: se necesitarían al menos 67 votos para destituirlo y los republicanos detentan 53 de los 100 escaños.
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Por otro lado, descartó la demanda demócrata de convocar a nuevos testigos. «No es tarea del Senado buscar desesperadamente formas de condenar (al presidente). Eso difícilmente sería justicia imparcial», dijo McConnell.
Una vez terminado el juicio, republicanos y demócratas volverán a sumergirse en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2020, relegada a un segundo plano este último trimestre.
Trump está convencido de que este episodio lo beneficiará. En un tuit, señaló que una reciente encuesta del diario USA Today lo da ganador contra todos los posibles candidatos demócratas.
«Es difícil de creer (…) después de tres años de caza de brujas», escribió. Pero «los estadounidenses son inteligentes, ¡ven nuestra maravillosa economía y todo lo demás!».
Consciente del riesgo electoral, la jefa de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, retuvo durante mucho tiempo los llamados para abrir un procedimiento de destitución contra Trump.
Finalmente lanzó la investigación a finales de septiembre, tras conocerse la denuncia de un informante no identificado sobre presunta conducta inapropiada del presidente durante una llamada telefónica el 25 de julio con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.
Con su mayoría en la Cámara, los demócratas llamaron a varios testigos que, durante espectaculares audiencias, confirmaron las presiones para obligar a Kiev a anunciar la apertura de la investigación requerida.
Pero Trump insiste en que la llamada telefónica fue «perfecta».
La Casa Blanca se negó a cooperar en la investigación por considerarla «inconstitucional» y prohibió que varios de sus asesores testificaran. Por esta razón, los demócratas lo acusan tanto de haber abusado de su poder para beneficio personal como de haber obstruido el trabajo del Congreso.
«Mis años al servicio del ejército me han enseñado a poner a nuestro país primero, no a la política», dijo Mikie Sherrill, congresista demócrata de Nueva Jersey.
«Sé que mi decisión enojará a algunas personas, pero fui elegido para hacer lo correcto, no lo políticamente seguro», agregó Anthony Brindisi, también demócrata, representante de Nueva York. AFP
