La erradicación de la hoja de coca, la materia prima de la cocaína, es la mejor manera de proteger los esfuerzos de paz en Colombia y de luchar contra el narcotráfico que alimenta la violencia de los grupos armados ilegales en el país, dijo el miércoles el presidente Iván Duque.
El país sudamericano viene implementando un acuerdo de paz firmado en 2016 que permitió a más de 13.000 integrantes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dejar las armas y reintegrarse a la sociedad, como parte de los esfuerzos para acabar un prolongado conflicto armado que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.
Pero el proceso enfrenta retos como la decisión de algunos excomandantes de las FARC de regresar a la lucha armada alegando un incumplimiento del acuerdo, la ocupación de territorios que dejó la desmovilizada guerrilla por parte de grupos ilegales dedicados al narcotráfico y la extracción ilícita de oro, además de los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
“El gran reto de seguridad viene derivado del narcotráfico”, admitió Duque en una entrevista con Reuters antes de participar en una reunión de la Comisión de Consolidación de Paz de las Naciones Unidas en la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano.
“Ese narcotráfico es el combustible de la criminalidad y el combustible del terrorismo, es el combustible del ELN, es el combustible de las disidencias de las FARC, es el combustible del Clan del Golfo y otras estructuras”, agregó al recordar que su Gobierno hace esfuerzos por reducir el área cultivada con hoja de coca.
Colombia superó las 200.000 hectáreas de hoja de coca y la erradicación manual de los cultivos permitió reducir el área en 2018, de acuerdo con mediciones de Estados Unidos, el principal aliado de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.
Duque señaló que en 2019 las Fuerzas Militares y la Policía Nacional erradicaron manualmente más de 100.000 hectáreas de cocales y confiscaron una cifra récord de 434,7 toneladas de cocaína, esfuerzos que continuarán mientras se reanudan las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato suspendidas en 2015. El Gobierno espera cumplir unas estrictas exigencias ambientales de la Corte Constitucional para restablecerlas.
MÁS SEGURIDAD EN LOS TERRITORIOS
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La violencia contra los defensores de los derechos humanos y líderes sociales se ha convertido en uno de los principales problemas para el gobierno de Colombia.
De acuerdo con Naciones Unidas, al menos 107 activistas fueron asesinados en 2019, una cifra que podría ascender a 120 si se confirman 13 casos en proceso de verificación, mientras que en 2018 se reportaron 115 homicidios.
“La estrategia de ese grupo (las disidencias), como la estrategia del ELN, es golpear líderes sociales en los territorios para tratar de generar zozobra, preocupación, tratar de generar desánimo”, aseguró Duque. “Nuestra meta es seguir profundizando en el territorio esa agenda de seguridad y enfrentar esas estructuras criminales”.
La Policía Nacional frustró el fin de semana un ataque para asesinar al máximo dirigente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, como parte de un plan de las disidencias para generar caos en el proceso de paz, según fuentes de seguridad.
El mandatario dijo que desde agosto de 2018, cuando asumió la presidencia, su Gobierno ha logrado poner en marcha 46 proyectos productivos individuales y 800 colectivos de excombatientes de las FARC que tienen beneficios de salud y vivienda, al tiempo que destacó el compromiso de la mayoría de exguerrilleros en el proceso de paz.
“Creo que vamos por un buen camino, a mí no me gusta ser ni triunfalista, ni eufórico” concluyó al pedir a la comunidad internacional su apoyo para buscar mercados a los productos que cultivan o fabrican los excombatientes de las FARC en regiones montañosas y selváticas, en donde ahora viven como parte de su reintegración a la sociedad. Reuters
