Ante las iniciativas de cambios al sistema de impartición de justicia, se debe aplicar una reforma profunda que incluya los recursos necesarios para poder implementarlos, de lo contrario podrían no ser lo suficientemente trascendentes, advirtió un experto en ciencias políticas.
Luego de que autoridades del Gobierno Federal y Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, anunciaron en el Senado que en febrero presentarán un paquete de reformas al sistema de justicia en México, se advirtió la importancia de llevar a cabo esta transformación de manera profunda.
“Distingo tres puntos torales: la impunidad y las iniciativas se enfocan a este tema, el fortalecimiento de sistema de justicia en todas sus dimensiones desde prevención hasta sentencias; y otro aspectos que plantearon es el que se enfoca en que el sistema de justicia funcione en un contexto como el que tenemos en México en donde hay una federación y Estados”, apuntó Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey.
La propuesta incluye la creación de la Ley Nacional de Cultura Cívica y un nuevo Código Penal Nacional.
Asimismo plantea reformas al Código de Procedimientos Penales, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, además de 14 modificaciones constitucionales.
La Ley Nacional de Cultura Cívica prioriza la prevención de la delincuencia y proteger la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales, detalló el fiscal general.
Advierte que se promoverá la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables, así como el trabajo comunitario como castigo a los infractores.
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Gertz Manero aseguro que con el Código Penal Nacional establecerá con toda precisión la competencia local y la federal y se corresponsabilizarán las autoridades federales y estatales de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada.
Respecto a este tema, el especialista del Tec de Monterrery, señaló que podría provocar disparidad más grande en términos de la consecución de una sentencia y reparación del daño.
“Se cree que centralizando u homologando se pueden generar mejores resultados, pero no necesariamente se resuelven las problemáticas, porque cada tema tiene una lógica distinta, la forma en el que el narcotráfico impacta en la ciudad de México es el mismo que impacta en Sinaloa o en Sonora, los delitos tienen distintas condicionantes en los diversos contextos del país”.
Respecto a las modificaciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal adelantó que se establecerá que los primodelincuentes se integren a “cárceles abiertas” a diferencia de los reincidentes que deberán estar en prisión. Además, las cárceles deberán integrarse como centros de productividad.
A la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescente se integrarán modificaciones para establecer responsabilidades a quienes tienen la guardia y custodia de los jóvenes que cometan delitos y evitar que una vez que cumplan 17 años se eliminen sus sentencias. Forbes México
