La capacidad de desmovilizarse legalmente sería particularmente importante para los combatientes que son reclutados siendo niños y tienen pocas opciones de abandonar los grupos armados una vez que se convierten en adultos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron con un acuerdo de paz de 2016, convirtiéndose en un partido político legal, pero el año pasado varios altos comandantes rechazaron el pacto y anunciaron su regreso a la lucha armada.
Se estima que las disidencias de las FARC cuentan con unos 2.500 combatientes, según fuentes de inteligencia.
“Nos parece que el Estado debe buscar maneras de debilitar estos grupos no solo sobre la base del uso de Fuerza Pública sino también la de promoción de políticas que permiten desmovilizar o incorporar o atraer a estas disidencias al proceso de paz”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de HRW.
Los disidentes, los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo armado venezolano Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional Fuerzas Patrióticas (FPLN) son responsables de numerosos abusos en el departamento colombiano de Arauca, en el oriente del país, y el vecino estado venezolano Apure, donde operan con casi total impunidad, dijo HRW en un informe.
Los niños reclutados de ambos lados de la frontera pueden ser tan chicos como hasta de 12 años, según el informe. Si bien el reclutamiento de niños por parte del FPLN parece ser poco común, HRW denunció que los disidentes de las FARC y el ELN ofrecieron pagos para alentar a los menores a unirse.
SIN CAMINO PARA LA DESMOVILIZACIÓN
Debido a que las autoridades colombianas consideran a los disidentes de las FARC criminales, los niños reclutados por el grupo no tienen vías legales para desmovilizarse si escapan como adultos, a diferencia de sus contrapartes reclutados por el ELN, explicó el grupo de derechos.
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HRW también pidió a Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y a los gobiernos de América Latina que impongan sanciones selectivas, incluidas prohibiciones de tráfico y congelamiento de activos, a altos funcionarios venezolanos que son cómplices de abusos por parte de grupos armados.
“Incrementar la presión internacional sobre el régimen de Maduro sigue siendo una herramienta importante para prevenir abusos y que se haga justicia por los crímenes cometidos en Venezuela”, dijo Vivanco, refiriéndose al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó el lunes a Venezuela como un estado fallido y prometió nuevas medidas durante una visita a Bogotá.
Colombia y Estados Unidos dicen que Maduro alberga a disidentes de las FARC, al ELN y tiene conexiones con los narcotraficantes y Hezbolá.
Colombia abrió la semana pasada una investigación a un general en retiro que fue comandante del Ejército Nacional, por acusaciones de que supuestamente estuvo detrás de interceptaciones ilegales de comunicaciones a funcionarios judiciales, periodistas y a otros militares.
Vivanco dijo que HRW trabajaría para determinar si el equipo utilizado en el presunto espionaje fue donado por Estados Unidos como parte de los esfuerzos binacionales para combatir el crimen organizado.
“Si son de origen norteamericano, si han sido donado por Estados Unidos, eso sí debería traer unas consecuencias más serías”, afirmó. Reuters
