La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una ley de reconciliación que es fuertemente rechazada por las víctimas de la guerra civil (1980-1992), por diversas ONG que les apoyan, por organismos internacionales y que no recibirá el visto bueno del presidente Nayib Bukele.
Con 58 diputados presentes, de los 84 en el Congreso, el presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce, dio por iniciada una sesión plenaria extraordinaria convocada por Ponce y cuyo punto único en la agenda era la aprobación de dicha ley que no contó con los votos del partido en el Gobierno, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
La polémica Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada con 43 votos y en medio de fuertes rechazos de parte de las víctimas de guerra, quienes han catalogado esta normativa como una «nueva amnistía disfrazada», y de condenas de diversas organizaciones sociales.
«Rechazamos este nueva ley que va a consolidar la impunidad para los perpetradores de grandes violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado», dijo a periodistas Héctor Carrillo, miembro de La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fesfad).
Por su parte, Óscar Pérez, víctima y representante de la Mesa Contra la Impunidad, denunció que las víctimas de la guerra civil «no fuimos incluidos en la elaboración de esta ley que no recoge los elementos de justicia solicitados por la Sala de lo Constitucional».
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio dos prórrogas a los diputados de la Comisión Política del Congreso, encargada del estudio y análisis de la ley, para crear un instrumento que garantizara la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de verdad y justicia.
Uno de los cuestionamientos de las víctimas y de algunos diputados que no votaron por dicha ley, que tampoco contó con el apoyo del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es la falta de elementos que garanticen la justicia para los afectados de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El diputado independiente Leonardo Bonilla, quien tampoco votó, señaló que la normativa «no cumple con los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional» y recordó que «esta ley no es solo para las víctimas, es para garantizar la reconciliación nacional y para que los hechos del pasado (de la guerra) no se vuelvan a repetir».
Por su parte, el parlamentario Juan José Martell, del partido Cambio Democrático (CD) y quien tampoco dio su aval, apuntó que la ley «en la práctica no cumple con el acceso a la verdad, a la justicia y a la reconciliación».
Señaló que «no hubo una verdadera participación y consulta a las víctimas, por lo que se les está dando la espalda a estas persona que seguirán reclamando justicia».
La nueva ley no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.
El artículo 67 señala que «el juez podrá reducir a la cuarta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas y si la persona cumple con los siguientes requisitos: reconozca expresamente su grado de participación en un hecho, pida perdón, colabore con el esclarecimiento de hechos y ayude a ubicar el paradero de víctimas».
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La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
CEJIL DICE QUE LEY ES UNA BURLA
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló, tras la votación, que «la aprobación de la ley de reconciliación por la Asamblea Legislativa es una burla a la sentencia de la Sala de lo Constitucional».
«Es una burla a las distintas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre todo, ignora el legítimo reclamo de las víctimas a la justicia», añadió.
Recordó que la CorteIDH estableció en diferentes sentencias, como la de la masacre de El Mozote (1981) contra El Salvador, que son inadmisibles las disposiciones de amnistía o de prescripción «que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas».
Asimismo, señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Congreso a «abstenerse de aprobar iniciativas de amnistía y a seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones».
PRESIDENTE VETARÁ LA LEY
El presidente Nayib Bukele dijo que vetará la ley porque, a su juicio, «una verdadera ley de reconciliación no puede ser una ley de amnistía disfrazada».
«La Asamblea (Legislativa) debe legislar respetando los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y cumplir con los convenios internacionales firmados por nuestro país», indicó.
Las víctimas y las organizaciones no gubernamentales han pedido al presidente Bukele que vete dicha ley. EFE
