Los organismos de control de Colombia descubrieron sobrecostos en las compras de alimentos y de equipo hospitalario para atender la emergencia del coronavirus, denunció el martes el contralor general, una demostración de que la corrupción en el país sudamericano no se detiene ni siquiera ante la pandemia.
La corrupción es considerada como uno de los principales problemas en el país sudamericano de 50 millones de habitantes y anualmente le cuesta unos 12.919 millones de dólares, un 4,1% de su Producto Interno Bruto y casi una quinta parte de su presupuesto de gastos aprobado inicialmente por el Congreso para 2020, según la Contraloría General.
Antes de ordenar un aislamiento preventivo obligatorio que fue extendido hasta el 27 de abril, el Gobierno decretó a mediados de marzo el Estado de Emergencia, una figura que le permite a las alcaldías y a gobernaciones realizar procesos de contratación directa para atender las necesidades sanitarias.
“Hemos podido encontrar varios casos de presuntos sobrecostos en contratos de alimentación, en la compra de camillas y equipos biomédicos”, dijo a Reuters en una entrevista telefónica el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.
El funcionario a cargo del máximo órgano de control fiscal del Estado afirmó que en la revisión de más de 8.100 contratos firmados por las alcaldías y gobernaciones por un monto que supera los 800.000 millones de pesos (206,7 millones de dólares) se detectaron sobrecostos por 80.000 millones de pesos (20,6 millones de dólares).
Córdoba mencionó como ejemplo que, en las compras de mercados para las personas más vulnerables en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, se detectaron latas de atún a 20.000 pesos (5 dólares) por unidad, cuando su valor en el mercado es de 6.000 pesos (1,5 dólares).
TRANSPARENCIA EN LA EMERGENCIA
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“Se han prendido las alarmas y algunos mandatarios ya han echado para tras los contratos. Hay avivatos (aprovechados) y todo el mundo se siente capaz de traer pruebas de la China, ventiladores o equipo biomédico. Toca tener cuidado”, dijo Córdoba al advertir que a quienes les comprueben prácticas de corrupción enfrentarán sanciones fiscales, disciplinarias y cárcel.
Por su parte, el procurador general, Fernando Carrillo, dijo que además de los sobrecostos, alcaldes y gobernadores están usando con fines políticos la repartición de mercados a los pobres.
“El hambre de los colombianos más vulnerables no la vamos a dejar convertir en el banquete de los corruptos inescrupulosos”, dijo en su cuenta de Twitter Carrillo.
“Es inconcebible e inhumano que los corruptos aprovechen la crisis y atenten contra la vida, la salud y la dignidad de los más débiles”.
La Contraloría y la Procuraduría recomendaron al Gobierno Nacional centralizar las compras y contratar conjuntamente para evitar actos de corrupción en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que ha contagiado en Colombia a más de 2.800 personas y causado la muerte a más de 100.
Colombia ocupó el puesto 96 entre 180 países en la clasificación de Transparencia Internacional el año pasado. La organización asegura que el país forma parte de un grupo de naciones donde los esfuerzos anticorrupción están estancados. Reuters
