Cuando un grupo de campesinos de la comunidad pesquera ecuatoriana de El Real presentaron tos y fiebre a principios de abril, nadie estaba seguro si tenían coronavirus y no habían trabajadores de salud disponibles para diagnosticarlos o darles un tratamiento.
Su médico local, como muchos trabajadores de salud rurales de Ecuador, había sido trasladado a la ciudad más grande del país, Guayaquil, en donde la pandemia del COVID-19 había abrumado hospitales y dejado a las autoridades luchando por recoger cuerpos en los hogares.
Los campesinos dicen que sólo pudieron proporcionar remedios tradicionales para los síntomas como el limón y el eucalipto a los enfermos, de los cuales 11 murieron de lo que los residentes creen era coronavirus. La causa real de muerte sigue siendo desconocida porque nunca ha sido probada.
“Prácticamente nosotros le damos los primeros auxilios con medicina natural. No tenemos un centro de salud y creo por eso hemos tenido esos fallecimientos”, dijo Manuel Cruz, un pescador artesanal de 37 años, que ahora pasa una parte de su tiempo ayudando a sus vecinos.
“Pido a las autoridades que den atención a las comunidades que estamos en los puntos más lejanos”, agregó Cruz, quien comentó que en El Real, en la provincia de Santa Elena, rara vez había más de dos muertes en un año entero.
Varios asentamientos a lo largo de las costas del Pacífico de la nación sudamericana han enfrentado una situación similar, según entrevistas con residentes.
En unos 90 pequeños asentamientos costeros que viven de la pesca artesanal y la recolección de cangrejos, los habitantes dicen que tuvieron médicos asignados por el Gobierno para atención médica rural, pero no han regresado.
La situación sugiere que el traslado de médicos a las ciudades puede haber exacerbado el impacto de la enfermedad en áreas rurales donde la pobreza es significativamente mayor y el acceso a la atención médica es más precario.
Alrededor de 20 personas que sufrieron síntomas consistentes de COVID-19 murieron en el último mes en el pueblo de Zapotal, según su líder Gloria Tomalá, quien dijo que esta era una tasa de mortalidad inusualmente alta.
“Hemos pedido que nos ayuden con brigadas médicas y aún estamos esperando”, añadió Tomalá. “Necesitamos doctores que vengan hacer pruebas del virus porque a nadie se le ha hecho”.
El Ministerio de Salud no respondió a una solicitud de comentarios.
Angel Sarango murió a los 74 años en Chanduy después de sufrir síntomas consistentes de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el coronavirus.
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En otras comunidades a lo largo de la costa, las familias velaron a sus seres queridos en sus hogares antes de enterrarlos.
A principios de abril, el Gobierno dijo que transfirió a casi 100 médicos de zonas rurales a hospitales de Guayaquil y otras ciudades. Reuters no pudo determinar si esos médicos habían trabajado previamente en los pueblos costeros.
“Estamos desprotegidos porque los doctores no bajan hace dos meses. Ya deben estar trabajando en Guayaquil”, comentó Angela Chalen, de 31 años, que vive de la recolección de cangrejo y ostión.
Las autoridades dicen que el brote en Guayaquil ahora está bajo control, pero que la pandemia está expandiéndose en la capital andina Quito.
Ecuador ha reportado oficialmente más de 30.000 casos de coronavirus y unas 2.800 muertes, pero las autoridades reconocen que ambas cifras son probablemente subestimaciones porque el sistema de salud ha sido sobrepasado en su capacidad y muchas personas murieron antes de que pudieran hacerse la prueba.
Algunos residentes, incluido Segundo Montoya, de 65 años, se han negado a ir hospitales públicos por miedo.
“Vino un médico, pero no quise ir al hospital, si yo me iba quedaba solo ahí y moría”, dijo Montoya, mientras tomaba su presión arterial en su casa en Zapotal.
Ese miedo se hizo demasiado real para Marina Cruz de Pechiche, un pueblo que ha sido muy afectado por el brote. Su esposo de 64 años murió en el hospital y ella cree que también estaba infectada con el coronavirus, pero decidió quedarse en casa.
En Cerrito de los Morreños, en el estuario del Golfo de Guayaquil, el Gobierno instaló un centro de salud, pero sus puertas están cerradas desde hace varias semanas. Para sus habitantes es un “adorno” en medio de pequeñas e improvisadas viviendas de la comunidad.
“Aquí estamos con el único médico que tenemos: Dios, quien nos está cuidando”, dijo uno de sus dirigentes Aurelio Valenzuela. “Nos han dejado, nos han abandonado”, añadió. Reuters
