Donde antes se encontraba el Hotel Parayso ahora se encuentra el restaurante Rosa Negra. Así de ominosa ha sido la historia del despojo que se comenzó a gestar en junio de 2016 en contra de por lo menos 17 propietarios en Tulum. Una historia en la que el sistema jurídico mexicano ha sido expuesto y que exhibe muchos de los visos de corrupción e ineficiencia en la procuración de justicia en el país.
En vísperas del cuarto aniversario en que decenas de golpeadores desalojaron a propietarios, empleados, huéspedes y clientes de los negocios en una franja de la playa de Tulum, lo único que le queda a la mayoría de estos empresarios es un gesto de certeza por parte de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del 27 Circuito, asentado en Cancún, Quintana Roo.
“Para nosotros, el 16 de junio no se olvida”, dice Graham Alexander Aguilar, uno de los agraviados y propietario del predio donde estuvo por 12 años el Hotel Parayso.
Algunas de las víctimas de los despojos contaron a Forbes México que por cuatro años han enfrentado los enredados procesos legales en una serie de denuncias que derivaron en amparos, sobreseimientos, apelaciones a determinaciones de los jueces, y veredictos de tribunales colegiados para que se repongan los juicios de amparos.
Asimismo, por lo menos en dos casos, las propiedades se restituyeron, una de ellas a unos meses del despojo, como es el hotel Azúcar, de Allan Dieck, quien afirma que quizá se debió a la suerte que tuvo porque su amparo y ejecutoria se radicaron en un juzgado diferente al de sus colegas empresarios.
Pero el daño fue casi total, ya que los ocupantes de su predio desmantelaron casi toda su propiedad.
En algunos casos, las posturas de los juzgadores es, por lo menos, kafkiana. Eso lo ha vivido una y otra vez Aguilar, quien a pesar de tener “más de 100 pruebas” que lo acreditan como propietario del predio que le despojaron, “el juez federal Ricardo Ruiz de Hoyo Chávez afirma, de manera increíble, que mi propiedad no puede ser localizada y que por lo tanto nunca existió”.
Luego de varias apelaciones contra los sobreseimientos del juez (juicios en los que el afectado obtuvo la razón), al final se le concedió un amparo que ordena que se revise nuevamente el caso y se proceda a obtener la ejecutoria de la sentencia y se le restituya su propiedad.
Ante la crisis sanitaria que ha detenido las actividades no esenciales en el país, el sistema jurídico ha tenido una pausa de varios meses (se espera que a partir del 15 retomen actividades de manera escalonada).
Con ello, se abre una puerta para que Aguilar y otros de las víctimas del “mayor despojo en la historia de Tulum”, como se definió el asunto, pueda ver una luz.
La toma de decisión descansa nuevamente en los magistrados Patricia Elías Cerros Domínguez, María Adriana Barrera Barranco y José Luis Zayas Roldán. La esperanza de Graham es que fallen a su favor y se complete la ejecutoria que le permita la reposesión de su propiedad.
Todo se fundamenta, de acuerdo a los documentos de los tribunales en que Graham ha visto su caso, en demostrar la existencia de su predio, ya que no hay duda en torno a la pertenencia.
Demanda contra el gobierno
“Ya no tengo ningún proceso legal en México, solamente espero que se resuelva lo que dice mi juicio de amparo, el cual gané hace un año”, afirma Graham.
En los cuatro años que han pasado desde el despojo que dejó a este grupo de hoteleros y restauranteros, literalmente en la calle, las pérdidas acumuladas suman millones. Los 17 quejosos afirman que la mayor parte de sus propiedades en esa franja de Tulum fueron destruidas. Sólo algunas propiedades de las que estaban frente a la playa se salvaron, como el Hotel Ahau, del empresario y actor Ricardo Palazuelos. Las demás, fueron tomadas y sus dueños lanzados.
Además de los gastos legales por sus juicios (cada uno de los 17 presentaron sus expedientes por separado) las pérdidas suman unos 300 millones de dólares, tanto por las inversiones en la compra de tierra y erección de hoteles y demás negocios, como por la actividad comercial suspendida en cuatro años.
Es el caso de Nuno Santos, propietario de Uno Astrologe, Casa de Yoga y Meditación. El ciudadano portugués llegó a Tulum hace 20 años, adquirió un terreno y fue montando su negocio. “
“Hice un hotel, un restaurante, un bar, un spa y un centro de yoga. La pérdida total en inversión puede redondearse en 20 millones de dólares”, dice Santos en referencia al “más violento y enorme caso de despojo en la historia de Quintana Roo”.
Por su parte, Graham refiere: “En 2004 compré mi terreno, en donde pasé 12 años hasta que un grupo de maleantes llegó y me expulsó. Invertí millones de dólares para construir un hotel, dos restaurantes, un spa y varios locales de ropa”.
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“Se trata de gente que perdió inversiones, casa, trabajo…”, dice Partida.
Ante ello, como los juicios de amparo no incluyen la reparación de los daños económicos, el grupo de empresarios ha recurrido a una medida legal internacional: una demanda contra el gobierno mexicano en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).
La demanda, en la que buscan una reparación de 100 millones de dólares, se presentó contra la actual Secretaría de Economía bajo los lineamientos de arbitraje comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como los acuerdos de promoción y protección de inversiones de México con Francia, Portugal y Argentina.
“Tras cuatro años de litigios en los tribunales mexicanos hemos decido poner nuestra esperanza en la corte de arbitraje internacional pues hemos visto las más evidentes muestras de negligencia en un patrón continuo y reperitivo”, dice Santos.
La esperanza muere al último
Graham, Santos, Partida y las otras víctimas del despojo tienen una última veladora prendida ante la decisión del tribunal colegiado.
“Esperamos que tengan el buen sentido común por nuestro caso” dice Santos, “y que nos regresen nuestra propiedad que, como demostramos claramente, nos fue arrebatada en un acto ilegal”.
En cuanto a Luis Partida, su amparo se tramitó en el juzgado Segundo de Cancún en Materia Civil y aunque ha ganado en diversas instancias, está a la espera de la sentencia principal que le adjudique la reposesión de su predio. Esto queda en manos también de de los magistrados Cerros Domínguez, Barrera barranco y Zayas Roldán.
En su peregrinar por justicia, los empresarios despojados han recurrido a diversas instancias para dar a conocer su caso. La prensa nacional e internacional han contado su historia, pero nada se ha movido más allá de exponer el despojo de que fueron objeto. Ni la visita de la entonces senadora Luz María Beristain (que inclusive se confrontó a los hombres armados que resguardaban un predio), ha servido de algo.
El tema llegó al escritorio de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, en una demanda en contra del juez federal Ruiz de Hoyo Chávez.
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al serle expuesto el tema, afirmó en una conferencia mañanera que espera se haga justicia en este caso y que si hay corrupción se persiga y se castigue.
Los propietarios han señalado, en algo que ha sido ventilado en instancias como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que el ex gobernador Roberto Borge pudo haber jugado parte en el despojo.
De acuerdo con el periódico Reforma, en el sexenio de Borge (2011-2016), magistrados, jueces, funcionarios estatales y municipales, y actuarios, formaron parte de una red que despojó de 44 hoteles y 19 terrenos en Tulum utilizando documentos y contratos de arrendamiento falsos.
Borge fue detenido en 2017 en Panamá, en la víspera del primer aniversario del despojo en Tulum, acusado de actos de corrupción por parte del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto. En 2018 fue extraditado a México y por ahora ha sido vinculado a proceso por la concesión irregular de carritos de golf en Isla Mujeres.
Pero por lo que hace a su historia de cuatro años en el sistema jurídico mexicano, los hoteleros despojados de Tulum mantienen la esperanza del compromiso de los principales integrantes del poder en México.
“Solicitamos se haga justicia, con verdad y transparencia, tal como nos lo expresaran públicamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Zaldivar, y también el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por el país y la justicia, confiamos en una pronta solución”, dice Partida. Forbes México
