El primer día en el cargo del presidente Joe Biden, firmó una serie de órdenes ejecutivas y acciones, una de las cuales fue revocar una política de la era Trump que autorizaba la construcción de un nuevo e importante oleoducto diseñado para promover la independencia energética de Estados Unidos.
Cuando Biden canceló el oleoducto Keystone XL, un concepto que había sido un proyecto intermitente patrocinado por una empresa canadiense desde 2008, los críticos en ese momento lamentaron el hecho de que Estados Unidos volvería a depender de fuentes extranjeras volátiles de petróleo.
Pero más que eso, señalaron que, durante una desaceleración económica inducida por una pandemia, abandonar el proyecto costaría decenas de miles de puestos de trabajo, algo que la administración y los llamados «verificadores de hechos» intentaron desacreditar.
Sin embargo, a fines del mes pasado, el Departamento de Energía señaló en un informe de fin de año al Congreso poco publicitado que, si bien «la cifra de alto nivel exagera los empleos», algunos estudios mostraron entre 16,149 y 59,468 empleos, muchos temporales, perdidos por la cancelación.
