Aunque han estado explorando desesperadamente todas las vías posibles, los demócratas no han logrado hacerse con el control de la Corte Suprema.
La Corte Suprema, con excepción de los procesos de impeachment, no está sujeta a los caprichos políticos de los partidos políticos ya que es un brazo independiente del gobierno. Precisamente por eso el Congreso no tiene autoridad para decirle a la Corte qué hacer.
Eso no impedirá que el “Partido Demócrata” lo intente. Sin embargo, quienes profesan estar a favor de la democracia y en contra de las “insurrecciones” han pasado meses intentando desacreditar a la Corte Suprema afirmando que no aborda cuestiones éticas.
El juez Clarence Thomas y los demás magistrados conservadores del tribunal se han convertido en objetivos políticos de la izquierda radical. Está claro para todos los observadores políticos que a los demócratas no les importa sinceramente la ética; les importa promover sus agendas radicales.
Esto se ha manifestado plenamente con su imprudente desprecio por las normas reales y su flagrante negativa a seguir las reglas.