Ser mujer sigue siendo un factor de riesgo en América Latina. Incluso en Uruguay, el país que maneja los mejores indicadores de la región en temas relativos a corrupción o igualdad económica, presenta cifras desalentadoras en lo que se refiere a violencia de género.
Si en 2014 fue asesinada una mujer cada quince días, según el promedio del Ministerio del Interior, 2015 empieza aún peor: en el último mes cinco mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y, como dato aún más preocupante, tres de los asesinos son policías (al menos uno de ellos tenía denuncias por violencia de género y estaba en tratamiento, pero a pesar de ello, no se le había retirado el arma reglamentaria). Por si fuera poco, otras cuatro mujeres se encuentran desaparecidas en el país. «No son casos aislados. Se trata de la violencia que las mujeres sufrimos día a día. Si bien por un lado en Uruguay hay avances sociales, hay cosas como la violencia en el noviazgo, el acoso callejero o la propia violencia doméstica que se toleran, que quedan el ámbito privado. Se culpabiliza a la víctima y todo eso tiene unas profundas raíces culturales. Por eso queremos hacer esto visible en la calle y que autoridades y medios de comunicación asuman responsabilidades», señala Alicia Migliaro, integrante del colectivo Feministas en Alerta y en las Calles, grupo que ha convocado varias concentraciones en los últimos días como repulsa a lo ocurrido.
En las concentraciones contra la violencia machista, aún denominada «doméstica» en Uruguay, afloran sentimientos de rabia, dolor e impotencia. Los aplausos y los gritos de los lemas apenas ayudan a calmar la sensación de desamparo; quienes asisten a las manifestaciones, en su mayoría mujeres, son conscientes de que se necesita mucho más para acabar con una lacra que sigue sumando víctimas.
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«Exigimos al Estado medidas concretas, recursos, alternativas reales para salir de la espiral violenta. Necesitamos una legislación que responda de forma integral», reclaman los colectivos que denuncian esta situación. Las instituciones coinciden en ese diagnóstico y, en un ejercicio de autocrítica, desde el propio Ministerio de Desarrollo Social admiten que la violencia de género aún no es una prioridad de la agenda política.
