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Estados Unidos tiene en común con Arabia Saudí, China, Irán y Yemen que son los países que más personas ejecutan cada año. En la categoría de métodos bárbaros, Arabia Saudí decapita a los condenados; China los fusila; Irán los ahorca y lapida; Yemen usa el fusilamiento; y Estados Unidos se plantea la vuelta a la tenebrosa cámara de gas.

Con las ejecuciones en Oklahoma en suspenso pendientes de la decisión del Tribunal Supremo de si uno de los tres componentes que se usan en el cóctel mortal de drogas para acabar con la vida del condenado por inyección letal viola la Constitución de EEUU, legisladores republicanos están a un paso de convertir ese Estado en el primero que permita el uso de gas nitrógeno para acabar con la vida de los reos.

Se trataría de una muerte por hipoxia, al utilizar gas nitrógeno y privar al preso de oxígeno en la sangre, lo que en opinión de quienes patrocinan la ley es equiparable a una muerte sin dolor como la que sufren los pilotos cuando la cabina de una avión se despresuriza. “No se necesitaría a ningún médico para hacerlo”, asegura el representante Mike Christian, antiguo policía de carreteras. “Es muy práctico y es eficiente”, concluye.

Durante más de un siglo, Estados Unidos buscó la forma ‘más humana’ de acabar con la vida de alguien en nombre del Estado. La horca y el pelotón de fusilamiento primero, y la electrocución de los condenados (la primera silla eléctrica data de 1890) y la muerte en la cámara de gas (1920) después, herían los sentimientos de incluso quienes participaban en la gran farsa de la muerte humana auspiciada por el Estado.

Se llegó a la adopción de la inyección letal tras un macabro acto de evolución propiciado por un forense partidario de la pena capital, que consideraba que se mataba animales “con más humanidad que con la que se mataba a personas”. Paradójicamente, ese forense, Jay Chapman, residía en el mismo Estado que ahora ve amenazada por el Tribunal Supremo la supervivencia del método por cruel y se plantea la vuelta a la cámara de gas. El padre de la inyección letal no pudo imaginar allá por 1982 –primera vez que se usó tal método, en Texas- que su invento sería desterrado por algo tan simple como un problema de oferta –ya que los laboratorios ya no quieren vender anestesia para uso en las cárceles- que no demanda.

Las autoridades penitenciarias de Oklahoma son conscientes de que el midazolam –un sedante, supuestamente la benzodiacepina de efecto más rápido del mercado, y que ha venido a sustituir a la anestesia con pentotal sódico- no es la mejor opción a la hora de ejecutar a alguien, como quedó probado en abril del año pasado después de que un preso tardara más de 40 minutos en morir entre convulsiones y la declaración agónica en sus propias palabras de que algo no funcionaba.

La Casa Blanca calificó la ejecución de Clayton Lockett de “inhumana” y Oklahoma canceló las citas con la inyección letal de otros presos. A finales de enero, el Supremo aceptaba dictaminar sobre la inyección letal en ese Estado en un caso que podría tener implicaciones para cientos de condenados en los corredores de la muerte de EEUU.