La lucha contra el flagelo de la corrupción no sólo debe comprender medidas de coerción y punitivas, también debe orientarse hacia la implementación de un cambio cultural, tanto en los funcionarios como en los particulares que contratan obras públicas, bienes y servicios, así como, en los usuarios de éstos, indicó el Presidente del Congreso de la Unión, Silvano Aureoles Conejo.
El legislador michoacano subrayó que este mal, afecta de manera muy importante a la sociedad y es un serio deterioro para la actividad económica, “vamos a construir un marco legal para frenar este lastre de la sociedad, esa es nuestra responsabilidad, pero aunado a ello, deberá existir el compromiso de elaborar una nueva forma de relación entre los intereses públicos y privados. La acción política y social en su actuación conjunta nos permitirá quitar las máscaras a la corrupción”.
Silvano Aureoles mencionó que se deben construir las herramientas legales extraordinarias necesarias para que la sociedad mexicana tenga la certeza de que los gobernantes rendirán cuentas en todos los ámbitos de la administración de lo público, una tarea que deberá tener reciprocidad con la esfera gubernamental en sus diferentes órdenes. Ningún esfuerzo político o legislativo será suficiente sin la participación de las partes implicadas en este fenómeno social.
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Debe resaltarse que este esfuerzo es la respuesta a una demanda ciudadana cada vez más reiterada y exigente, añadió el diputado presidente, “persistir en no atender esta exigencia nos puede llevar a un escenario de inestabilidad e ingobernabilidad, vía la perdida de legitimidad de las instituciones del Estado.
En el año 2010, según el Foro Económico Mundial, este fenómeno social a nivel nacional equivale a 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y las empresas erogan hasta 10% de sus ingresos en sobornos, situación ante la cual, los diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión han presentado variadas iniciativas y propuestas, donde representados por Silvano Aureoles, se han fijado como una de las principales metas, lograr los consensos para aprobar las iniciativas que sirvan para fortalecer y consolidar el sistema de rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción.
