Hoy se conmemoran 26 años de la rebelión social denominada el Caracazo, ocurrida el 27 de febrero de 1989 en la Gran Caracas y en menor grado en otras ciudades, como una respuesta contundente del pueblo al aumento de la gasolina anunciado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993).
Quienes vivieron ese acontecimiento, como Nancy Domínguez, habitante de la parroquia Altagracia (DC), aseguran que el detonante fueron las protestas: “La cosa empezó en Guarenas, había disturbios y saqueos debido al aumento en el precio de la gasolina y en el pasaje”.
Sin embargo, el sentir popular no quedó solo en protestas y se generó una ola de violencia que se extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas, como Caricuao, La Guaira y los alrededores del Nuevo Circo, donde se tenía prevista la toma de unidades de transporte.
Domínguez recuerda que a lo largo del día se fueron repitiendo los hechos en las principales ciudades del país, específicamente en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.
Muy cerca, en 23 de Enero, pasaba lo mismo. A las ocho de la mañana, Carmen Álvarez se levantó para hacer su rutina diaria. En ese entonces tenía 28 años de edad y vivía en la zona F de la parroquia junto a su hija de 2 años. Apenas se levantó, escuchó un revuelo en la zona, personas gritaban y corrían. “Me asomé por la ventana y lo que vi fue a la Guardia Nacional disparando contra la gente que pasaba y los edificios. No pude salir, tampoco vi más nunca a un primo que desapareció en medio de las protestas en El Valle; era estudiante, creemos que fue asesinado ahí”, relató.
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Por otro lado, el entonces Congreso Nacional había abierto una investigación por malversación del patrimonio nacional y la aprobación de dólares preferenciales a través del Régimen de Cambio Diferencial (Recadi) a empresas privadas.
De eso se acuerda claramente Humberto Rico, habitantes de Guarenas (Mir), que cuenta que ese 27 la protesta empezó allá a eso de las 4 de la mañana y durante el día el número de manifestantes fue aumentando: “Muchos de los establecimientos comerciales cerraron sus puertas por el temor de ser asaltados. En varias zonas de la ciudad hubo saqueos y algunos autobuses fueron quemados. Pero lo que más me viene a la mente es que Carlos Andrés ordenó al ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, sacar al Ejército y a la Policía Metropolitana a reprimir a los manifestantes. Además, los estudiantes de la UCV también protestaron dentro y fuera de la casa de estudios. Muchos desaparecieron, cientos murieron y otros resultaron heridos. El pueblo fue el único que salió perjudicado”.
En El Valle también hubo fuertes atropellos. Cándida Prado vio el martes 28, un día después, cómo un tanque de la Guardia Nacional subía por la empinada calle de Los Rosales: “El 28, el presidente Carlos Andrés Pérez ordenó a la Guardia y al Ejército acabar con los disturbios y decretó estado de emergencia”.
Las garantías que quedaron suspendidas ese 28 de febrero fueron: libertad y seguridad personal, inviolabilidad del hogar, libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho de reunión y derecho de manifestación, de acuerdo con el artículo 240 de la Constitución de 1961.