A cinco meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en la que la Procuraduría General de la República (PGR) vincula al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y a su esposa María de los Ángeles Pineda; y a cuatro de que por esos hechos asumiera el control de la seguridad del municipio la Policía Federal, al cierre de la semana fueron asesinadas 14 personas en ese lugar.
La situación de violencia en Iguala repuntó luego de que la PGR revelara los vínculos de la “pareja imperial” con el cártel de Guerreros Unidos, grupo al que acreditan el asesinato de los 43 normalistas y masacre de seis personas el 26 de septiembre de 2014, entre éstos tres estudiantes.
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En la celebración más importante de Iguala, la Feria de la Bandera, el 25 de febrero, hombres armados a bordo de motocicletas asesinaron a Luis Acosta Beltrán, quien fue coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (Copladeg) en el Gobierno de René Juárez Cisneros. Dos días antes, el cuerpo del médico de la SSa, Carlos Eric Adán Almazán, fue hallado en un camino de terracería.
