CIUDAD DE MÉXICO (03/MAR/2015).- En una década se perdieron 86 mil millones de dólares (MMDD) por desvíos, subejercicios, despilfarros y pagos indebidos en el Gobierno federal, según el reciente reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Senado aprobar la ley anticorrupción para sancionar a los responsables de esos ilícitos cuanto antes.
El presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez Candiani, agregó que en los últimos siete años la opacidad en el país creció 80%, estimando la ASF que en el último año 56 mil millones de pesos terminaron “en un agujero negro”.
Además de que urge combatir la opacidad y la falta de control a nivel estatal y municipal, ya que en los últimos 15 años se les otorgaron 355 mil millones de dólares de recursos federales, pero “se han esfumado entre el dispendio, la opacidad y la mala administración”.
Lamentó que dichas irregularidades, opacidades, desvíos y posibles fraudes los reporta anualmente la Auditoría pero no hay ni sanciones, ni investigaciones o correcciones, por lo que es fundamental que tanto la ASF como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tengan competencia para estos casos, lo cual requiere de que se apruebe la iniciativa de reforma que está en el Senado, tras la ratificación de la Cámara de Diputados.
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“Solamente con leyes fuertes se pasará de los escándalos, a la investigación a fondo y a la sanción a los responsables, ya sea por la vía administrativa o penal”.
La iniciativa propone crear un Comité Coordinador del Sistema, con un comisionado presidente, un representante del Consejo de la Judicatura y un Comité de Participación Ciudadano.
Con todo ello se espera terminar con abusos que se han documentado, como el hecho de que hay más gasto en materia de seguridad pública, pero también el doble de delitos del fuero común.
“Con esa legislación se obligaría a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y otra sobre posibles conflictos de intereses. Además de que procedería la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícitos”.
