Brasil.- El Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado este viernes la investigación de los presidentes de las dos cámaras legislativas y decenas de parlamentarios brasileños, incluidos tres exministros, por su supuesta participación en corruptelas en la estatal Petrobras según ha anunciado la Corte.
El juez Teori Zavascki ha atendido una petición de la Fiscalía para determinar la responsabilidad de decenas de políticos y ha difundido la lista de aquellos que serán investigados, en su mayoría de la base que apoya a la presidenta Dilma Rousseff, por desvíos de dinero que le habrían costado miles de millones de dólares a la empresa.
Los partidos políticos implicados en el caso son el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, así como los oficialistas Partido Progresista (PP) y Laborista Brasileño (PTB).
Del frente opositor, solamente se aceptó investigar al senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
La lista la encabeza el presidente del Senado, Renan Calheiros, e incluye además a otros once senadores, lo que implica a más del 10% de los 81 miembros que tiene esa cámara. También aparecen el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y otros 21 diputados.
Serán investigados, entre otros senadores, el exministro de Energía y Minas Edison Lobao (PMDB) y la extitular de la cartera de la Presidencia Gleisi Hoffman (PT), ambos cercanos colaboradores de Rousseff durante su primer mandato.
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También figura en la lista el exdiputado Mario Negromonte (PP), quien fue ministro de Ciudades entre 2011 y 2012, también durante el primer mandato de Rousseff.
El caso se investiga desde hace casi un año y se refiere a una vasta red de corrupción enquistada en la empresa petrolera estatal desde hace más de una década, que se habría apropiado de varios miles de millones de dólares.
Hasta ahora, la Policía ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en turbios negocios con la compañía pública.
Varios detenidos aceptaron alcanzar acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron que las corruptelas eran favorecidas por los políticos denunciados por la Fiscalía y ahora bajo investigación.
Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la empresa estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como «donaciones» para sus campañas electorales.
