El relator de la ONU sobre la tortura y otros tratos degradantes, Juan Méndez, sostuvo que el Gobierno de Venezuela ha violado el derecho internacional «al no tomar medidas para prevenir actos de malos tratos», así como de «torturas» de manifestantes y detenidos, como el dirigente opositor Leopoldo López.
El relator llegó a dicha conclusión en un informe que presentó el martes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, y que hoy comentó en una conferencia de prensa.
En su comparecencia, el relator lamentó que a pesar de que haber pedido explicaciones a Venezuela sobre tres situaciones distintas, el Gobierno de Caracas sólo haya respondido a una.
Una de las situaciones a las que el gobierno de Nicolás Maduro no ha contestado es la referida a las condiciones del supuesto aislamiento solitario prolongado impuestas a Leopoldo López durante su detención preventiva en las instalaciones militares de Ramo Verde, así como a los cacheos con violencia de Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchesse, también detenidos allí.
«En este caso Venezuela no ha respondido, por lo que he redactado mis conclusiones basadas en la falta de respuesta, pero también obviamente en lo que sé de los casos. Y llegué a la conclusión de que el gobierno ha violado los derechos de los reos», dijo Méndez.
«Ante la falta de información que indique lo contrario, el relator concluye que el Gobierno de Venezuela, al no proteger la integridad física y psicológica de Leopoldo López, al mantenerlo en condiciones de aislamiento solitario 23 horas al día, y al realizar violentos cacheos que repercutían en hematomas en la piel de López, Scarano, Ceballos y Luchesse, es responsable por sus sufrimientos físicos y mentales en los que esta medida puede derivar», reza el informe.
El relator indica que, en consecuencia, se han violado «sus derechos a no ser torturado o sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes», conforme a la Convención Contra la Tortura.
Asimismo, el relator considera que el Gobierno no ha cumplido «con la obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes», como lo establece ese mismo instrumento jurídico internacional.
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Con respecto al excesivo uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad durante las manifestaciones de febrero del año pasado, Méndez sí que obtuvo una respuesta inicial del Gobierno, pero no la información adicional que solicitó.
Para el experto de la ONU, las autoridades no tomaron medidas para prevenir la violación de la integridad física, ni «actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra manifestantes y detenidos», con lo que «ha violado sus derechos».
«El Gobierno lo negó (que hubiera habido tortura) y dijo que hubo algunos casos aislados pero que estaban siendo investigados», explicó Méndez.
«Pero como ha pasado mucho tiempo y he pedido detalles de quien estaba siendo investigado, sobre qué y si se había llegado a la conclusión de qué tortura y malos tratos se habían producido, y como no hubo respuesta, llegué a la conclusión de que mi información era suficientemente creíble y por lo tanto concluí que, al menos en esos casos, hubo violación de la prohibición de los malos tratos», explicó.
El texto recuerda que el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de las protestas para sofocar las que ocurrieron hace trece meses causaron la muerte de 29 civiles y lesiones en otros 357, de acuerdo con la documentación aportada por el Gobierno de Venezuela.
El tercer caso al que hace referencia el informe de Méndez se refiere a Juan Carlos Nieto Quintero, detenido por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y quien fue «trasladado a un centro de detención militar».
Allí «fue sometido a torturas durante 30 horas, negándole tratamiento médico y medicamentos», por lo que también es considerado víctima de torturas, un caso sobre el que el gobierno tampoco ha respondido.
