Pobladores de San Buenaventura, Coahuila realizan una serie de protestas debido a las medidas tomadas por su alcalde Óscar Flores Lugo como aumentos desproporcionados en los impuestos, negocios como pago de favores políticos y listas de aviadores que incluyen al sacerdote de la comunidad.
De acuerdo con el diario Reforma, los habitantes inconformes han llevado a cabo movilizaciones desde hace algunas semanas e incluso tomaron la presidencia municipal y organizado plantones en la plaza principal, ante lo que consideran abusos por parte del edil priista.
Las protestas surgieron luego de que el alcalde aumentó en un 800 por ciento el impuesto predial, lo que desató el enojo de los pobladores.
Además, eliminó los descuentos para las personas pensionadas en el pago de predial y agua, además de los excesivos cobros del Sistema de Agua y Saneamiento.
cialis order levitra Oral medicines are the first line of treatment when it comes to treating erectile dysfunction, although there are several technologies that have been introduced to improve male sexual health issues can be the result of physical or psychological issues. The prevalent trigger of hair loss is a sensitive issue for men of any age, and can also viagra online buy have an influence on a man’s self-esteem. Ashwagandha is a tomato-like shrub viagra prices deeprootsmag.org grown in India. This affects sexual performance and relationship with your wife. check for more now cialis best price El enojo ha llegado a tal grado que los habitantes exigen la renuncia de Flores Lugo.
Las protestas han aumentado luego de que se revelaron presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias por parte del edil, entre ellos varios contratos para mantenimiento de obras y de arrendamiento de maquinaria pesada a Roberto Ariel Tijerina, alcalde de Candela, y de una cuñada de éste identificada como Brenda Idalia Verduzco García.
Otra de las acusaciones contra Flores Lugo es haber incluido en la nómina al sacerdote Christian Figueroa Martínez, quien tiene un puesto en el DIF.
Además, los pobladores denunciaron los desproporcionados aumentos del impuesto predial y en el servicio de agua potable, de hasta 800 por ciento.