TEXAS, ESTADOS UNIDOS .- El Senado de Texas resucitó ayer un controvertido proyecto de ley sobre inmigración que prohíbe las llamadas “ciudades refugio”, y reavivó un tema que estremeció hace años la Legislatura estatal con conmovedores debates sobre encasillamiento racial.
Aunque iniciativas similares fueron rechazadas en años anteriores y la actual todavía enfrenta un largo trecho legislativo, los envalentonados republicanos en Texas se han comprometido a endurecer su postura frente a la inmigración ilegal.
El término “ciudad refugio” carece de valor jurídico; se le utiliza con frecuencia para describir a gobiernos locales que prohíben a la Policía preguntar a las personas cuál es su condición migratoria en el país.
El proyecto de ley del senador republicano Charles Perry, de Lubbock, prohibiría a los gobiernos locales imponer ese tipo de frenos. Perry afirmó que no debe impedirse a la Policía que utilice todas las herramientas disponibles para hacer valer la ley.
“Estos delincuentes llegan en grandes números a nuestras principales ciudades porque saben que no les pasará nada”, afirmó Perry. “Respetar el Estado de derecho es importante… Una sociedad sin ley es anarquía”.
Los defensores de los derechos civiles han advertido que la pregunta sobre la condición migratoria afectará específicamente a las minorías por su aspecto racial.
Por su parte, algunas autoridades policiales han señalado que, debido a esa situación, algunas víctimas de delito podrían no llamar a la Policía por temor a que les pregunten sobre su condición migratoria.
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El jefe de la Policía del Condado El Paso, Richard Wiles, dijo que las autoridades policiales locales no quieren involucrarse en la ley federal de inmigración.
Piden protección para trabajadores ilegales
Cuatro organizaciones de derechos humanos exigieron a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), más protección para los ocho millones de trabajadores ilegales que, según sostienen, son discriminados por su estatus y tras sufrir accidentes laborales no reciben la misma protección y ayuda que el resto de empleados.
“Estaba pintando un edificio de cinco niveles, cuando me caí”, relató en un video Francisco Berumen Lizalde, que al no encontrarse en Estados Unidos no pudo estar presente en la audiencia de la CIDH que trató su caso y el de otro mexicano que supuestamente también sufrió discriminación laboral al ser indocumentado.
Berumen Lizalde había llegado desde México de forma ilegal y trabajaba como pintor en Wichita (Kansas), cuando en noviembre de 2005 se cayó de un andamio y se fracturó la mano.
Tras reclamar una compensación, fue arrestado, acusado de “fraude documental” por haber usado documentos falsos para conseguir empleo y estuvo privado de libertad hasta que accedió a ser deportado en febrero de 2006.
