Uno de los jefes de campaña en las elecciones que llevaron a la presidencia de México a Enrique Peña Nieto está siendo investigado en España por posibles operaciones ilícitas en el Banco Madrid, según aseguran fuentes policiales.
Se trata de Gabino Antonio Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña de Peña Nieto y miembro del equipo que ganó las elecciones en 2012, según las citadas fuentes con acceso al explosivo informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d’Andorra (BPA).
En la investigación se menciona a Gabino Fraga entre los clientes de Banco Madrid que han realizado operaciones sospechosas y que no fueron controlados con arreglo a la normativa anti blanqueo por los gestores de la entidad financiera española.
En el caso de este asesor del que posteriormente sería presidente de México, el Sepblac ha detectado que recibió una trasferencia de México de 445,000 euros (unos ocho millones de pesos mexicanos) que, según las fuentes policiales consultadas, es investigado ‘porque ese dinero puede corresponder con financiación ilegal de partidos’.
Fraga Peña figura en la lista de clientes que, según el Sepblac, debió ser objeto de una vigilancia especial por parte de Banco Madrid y que, sin embargo, no se produjo.
Cliente sospechoso
Este abogado es actualmente director general del despacho mexicano Grupo de Abogacía Profesional (GAP) y fue acusado en 2012 por la oposición de participar en el montaje de un esquema de financiación irregular paralela de la campaña del líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En su perfil oficial en el grupo GAP, Fraga incluye en su experiencia profesional haber realizado estudios jurídicos para ‘la presidencia de la República’ y empresas de peso en México como Pemex.
Su nombre se une así a los clientes considerados sospechosos ya publicados en los últimos días por este diario y que incluyen a jerarcas venezolanos del régimen de Hugo Chávez, al mafioso ruso Andrei Petrov y, en España, a una empresa del ex director general de la Policía, Juan Cotino, entre otros.
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El principal candidato opositor en las elecciones de 2012, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el 18 de julio de 2012, dos semanas después de perder las elecciones, que ‘Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero’.
Presentó ese día un escrito ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiación a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex.
Entre ellas consideró clave el papel de Importadora y Comercializadora Efra cuyo domicilio social era el de Gabino Fraga, según la denuncia presentada. Denunció que la empresa sirvió de pantalla para que el partido de Peña Nieto comprara votos mediante la distribución de tarjetas monedero de la Banca Monex.
López Obrador acusó al PRI de haber superado con creces el tope legal de gastos electorales y pidió la anulación de las elecciones. El partido de Peña Nieto negó irregularidades y acusó a López Obrador de incurrir ‘en abierta difamación’. Gabino Peña Mouret, padre de Gabino Antonio y su hermano Emilio, reconoció la propiedad de la empresa Efra pero negó irregularidades en el llamado en México Monexgate.
El presunto escándalo aún persiste. El TEPFJ decidió el pasado febrero, tras tres años de proceso, eximir al PRI de culpabilidad y el llamado Movimiento Progresista en la oposición a Peña Nieto ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales.
Indicios suficientes
Según la investigación del Sepblac, Banco Madrid no sometió a Gabino Fraga al examen especial que requería su caso cometiendo una infracción grave a la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención de blanqueo de capitales.
El Sepblac incluye al abogado mexicano entre los que la filial española del banco andorrano debió ‘examinar con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, que por su naturaleza pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo’, como establece la ley en su artículo 17.
‘En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación o pauta de comportamiento compleja, inusual o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presente indicios de simulación o fraude’, sigue el citado artículo. La investigación no prejuzga que Gabino Fraga haya cometido blanqueo u operaciones ilícitas, pero, según el Sepblac, se dan los indicios suficientes como para que su caso sea investigado y la pasividad de Banco Madrid, sancionada.
Cuando BPA adquirió Banco Madrid en 2011, su consejero delegado, el ahora encarcelado Joan Pau Miquel Prats, justificó la operación por la necesidad de la banca andorrana de expandirse en Iberoamérica, por lo que veía necesario comprar una entidad en España con ficha bancaria.
