Brasilia, 21 mar (PL) Tolerancia y dialogo, y un paquete de medidas para fortalecer el combate a la corrupción constituyen propuestas del Gobierno brasileño para apaciguar el descontento popular manifestado en las últimas protestas.
Tras las movilizaciones del fin de semana pasado, la presidenta Dilma Rousseff redobló los esfuerzos del ejecutivo para responder a los reclamos de gremios, sectores sociales y populares, que demandaron cambios y mostraron insatisfacción con el escándalo de corrupción en Petrobras.
El paquete de medidas anticorrupción presentado esta semana por Rousseff persigue borrar lagunas de la legislación actual y crear mecanismos de prevención, control y castigo para acabar con la impunidad.
Componen este documento dos proyectos de ley, una proposición de enmienda Constitucional (PEC) y dos pedidos de tramitación con régimen de urgencia.
Entre las propuestas que deberán ser sancionadas figuran el castigo por la financiación irregular de partidos y campañas electorales, y la implementación de la ley «Ficha Limpia» para todos los cargos públicos y de confianza a nivel federal.
La confiscación y venta de bienes obtenidos de manera ilegítima, la responsabilidad criminal de agentes estatales que no puedan justificar sus bienes y el decomiso de estos como consecuencia del enriquecimiento ilícito integran también este paquete.
Para la jefa de Estado, la coyuntura actual, marcada por las investigaciones del esquema de desvío de fondos y los contratos hinchados en Petrobras, corrobora la decisión de luchar sin tregua contra estos ilícitos que debilitan la democracia.
No fue con mi gobierno que nació la corrupción, pues otras administraciones escondían este tipo de mal, pero si es este ejecutivo el que enfrenta y lucha sin descanso para acabar con este delito, enfatizó.
Además de estas medidas, la dignataria demandó diálogo y tolerancia a los sectores políticos, sociales y populares, pues la plática -dijo- constituye la vía para discutir y acercar posiciones.
Tenemos la obligación de respetar la democracia, en la cual todos tenemos derecho de expresarnos, de manifestarnos, pero también el derecho a ser oídos, indicó al hacer alusión al desacuerdo del Gobierno con grupos opositores que piden su dimisión.
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Analistas políticos alertaron sobre la necesidad de las autoridades de amplificar la comunicación con todos los que están dispuestos a conversar, escuchar y debatir sobre la coyuntura actual y las acciones para superar las dificultades financieras y retomar la senda del crecimiento de la economía.
En esta estrategia se incluyó el impulso de una reforma política, que asegure, entre otras acciones, el combate a la impunidad.
Rousseff desea apoyo popular para lograr que el Congreso nacional ceda y sanciones cambios constitucionales indispensables, como el fin de la financiación privada de partidos políticos y las campañas electorales.
Precisamente, 50 políticos, entre legisladores, exdiputados, exministros y exgobernadores son investigados por la presunta recepción de propinas de empresas privadas que defraudaron a Petrobras.
Entre los implicados figuran los líderes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del Partido del Movimiento Democrático (PMDB).
Las investigaciones de este esquema de corrupción, iniciadas hace un año, denotan una conexión de los representantes públicos con exdirectivos de Petrobras y ejecutivos de empresas privadas.
Según el esquema montado, esas entidades y sus ejecutivos conspiraron con empleados de la petrolera estatal para defraudar a la principal y mayor compañía de Brasil y parte de esos fondos fueron entregados a líderes y agrupaciones políticas.
Para la justicia, se trata de una práctica legal que se transforma en ilícita cuando tiene relación con fondos irregulares o sospechosos.
Por ello, el interés del ejecutivo y partidos de tendencia de izquierda de extirpar esta vía de financiación que aportaría más transparencia y democracia al escenario político brasileño.
