En Veracruz, uno de los estados más afectados por la violencia entre carteles del narcotráfico, las autoridades han logrado reducir considerablemente el número de personas desaparecidas recurriendo a una técnica tan poco sofisticada como es el «tocar puertas» de viviendas.
Informes de la Fiscalía Especializada de Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas(Feadpd) muestran que se tenía un registro de dos mil 667 personas desaparecidas del 2006 al 2014 en el estado de Veracruz y se han encontrado a mil 914 aplicando esta técnica.
«Lo que hicimos fue tocar las puertas de los familiares para buscarlos», explicó el fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Con este procedimiento de búsqueda han sido localizadas mil 914 personas, cifra que ubica a Veracruz en los primeros lugares en el nivel nacional en porcentaje de efectividad de localización, con un 72%.
Pero aún siguen desaparecidas 753, cuyos familiares luchan cada día por encontrarlos organizando marchas, colocando espectaculares en calles, avenidas y carreteras y anuncios en periódicos locales ofreciendo recompensas para localizar a los suyos.
El incremento de la violencia en Veracruz ocurrió a partir del 2007 cuando tres carteles de la droga comenzaron a disputarse a fuego y sangre el control territorial y las rutas de paso de drogas y migrantes.
Los carteles de Los Zetas, El Golfo y Nueva Generación se disputan el control y se enfrentan a las fuerzas del orden. Elementos de Armada de México desempeñan tareas de policías en la zona turística y portuaria de Veracruz, el principal foco de la violencia.
En este contexto, las autoridades decidieron usar esta práctica tan básica para encontrar a las decenas de desaparecidos y determinar cuáles lo están realmente.
De las personas localizadas, según los informes oficiales obtenidos por vía de la transparencia, el 86% de las desapariciones «no estaban vinculadas» con hechos delictivos, sino que fueron a causa de la desintegración familiar, violencia doméstica, por estar con su pareja sentimental, maltratos o simplemente se fueron de fiesta varios días al Carnaval.
Pero también por enfermedades mentales (esquizofrenia y alzheimer); por enfados de los padres por obtener malas calificaciones; e incluso hay hombres que se fueron a trabajar a los campos de cultivo sin avisar a los suyos.
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Bravo Contreras asumió la Procuraduría General de Justicia del Estado el 25 de febrero del 2014, pero en enero del presente año desapareció esa dependencia y se creó la Fiscalía General del Estado, un organismo autónomo en la procuración de justicia, cuyo titular estará 9 años.
Como resultado de la nueva política de búsqueda de personas, la propia Fiscalía inició sanciones administrativas e incluso penales en contra de Agentes del Ministerio Público que cometieron omisiones, descuidos y faltas en la aplicación de protocolos en los casos de desaparecidos.
«Teníamos expedientes en casos de desaparecidos en los que hubo agentes poco o nada comprometidos que no hicieron nada, como si se hubiera perdido un perrito», y los voy a meter a la cárcel», sentenció.
En total suman 11 los procedimientos administrativos contra funcionarios ministeriales; 4 consignaciones ante un juez; 3 procesos penales en curso y 12 investigaciones ministeriales por omisiones al momento de indagar reportes de personas desaparecidas.
Los agentes de la Policía Ministerial encontraron casos en los que la persona desaparecida se encontraba en su domicilio, pero jamás notificó su regreso y ninguna autoridad le había dado seguimiento a los casos.
En otros, se encontró que se iban a laborar a campos de cultivo sin avisar a sus familiares. Uno de ellos fue un hombre originario de la localidad La Tinaja del municipio de Veracruz, quien formaba parte de las estadísticas oficiales. Las redes sociales y medios de comunicación, colocaron la ficha en el apartado de «delincuencia».
Se descubrió que una noche antes de su desaparición, en estado de ebriedad, tuvo una discusión e incluso utilizó un galón de diesel para prender fuego al brasero de la casa y luego la abandonó. No volvieron a verlo e informaron de la desaparición.
A los pocos días, los agentes ministeriales descubrieron que el hombre fue a trabajar, sin avisar a sus familiares, a una empacadora de tomates en Culiacán, Sinaloa, en el norte del país.
