Sin licitación pública de por medio y sin la autorización expresa de su Comité de Adquisiciones, la Secretaría de Gobernación compró mil patrullas (500 autos sedán y 500 camionetas) para la Policía Federal y la Gendarmería.
Más aún: una parte del equipamiento con el que fueron dotados los vehículos, como los radios de comunicación, no cumple con las especificaciones técnicas de funcionamiento, con lo que, de acuerdo con expertos, “se pone en grave riesgo a los elementos policiacos que patrullan el país”. Derivado de la compra directa se firmó el contrato SEGOB/PF/SG/DGRM/C0103/2014 a favor de las empresas Crymex, SA de CV, Vesa Automotriz, SA de CV (antes la proveedora). Si bien es cierto que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Federal permite diversas excepciones a los procedimientos de licitación pública —como la invitación restringida a cuando menos tres empresas o incluso la adjudicación directa—, también lo es que estas excepciones están perfectamente reglamentadas y, para su utilización, es necesario cubrir requisitos únicos e ineludibles que acrediten transparencia y apego a la ley.
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Así, para el caso específico de los vehículos, pese a que hubiese estado fundamentada en cuestiones de seguridad, era indispensable la autorización del Comité de Adquisiciones de la propia dependencia, empero, ésta no existe, con lo que se puede afirmar que la compra fue irregular. Sin embargo, la compra irregular de patrullas es un hecho que no resulta nuevo al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, ni a Julián Olivas Ugalde, encargado del despacho de la SFP, a quienes desde 2013, mediante una denuncia, se les alertó de lo que sucedía, según el oficio AQ/17/5827/2013, firmado por Jessica Jaqueline García Mosqueda, titular de Quejas de la PGR y dirigido al contralor de la PF, en el que habla “de hechos presumiblemente irregulares de servidores públicos encargados de la adquisición de patrullas”.
