Un grupo de exfuncionarios de la dictadura de Francisco Franco (1936-1975) están expuestos hoy a la justicia en el único caso iniciado en España contra crímenes de esa época.
La decisión de empezar la investigación, reportada por la Asociación Recuerdo y Dignidad de la provincia de Soria, abre una esperanza a miles de familiares de víctimas que critican la impunidad para miles de asesinatos cometidos durante el franquismo.
La investigación de Soria, en la comunidad de Castila y León, se centra en conocer si la muerte de 10 personas en Barcones responde a una acción sistemática.
El proceso es el primero abierto en el país desde que en 2008 la Audiencia Nacional declaró la incompetencia del juez Baltazar Garzón en otra causa similar.
La Asociación Recuerdo y Dignidad informó que los hechos del 14 de agosto de 1936 comenzaron a ser investigados por auto de la jueza María Luisa García del 17 de marzo, que pidió a la Guardia Civil las hojas de servicio de los agentes de la época.
La causa presentada en 2013 fue sobreseída provisionalmente porque no identificaba a quienes eran objeto de denuncia, tras lo cual el pasado 15 de marzo la Asociación suministró varios nombres.
Se estima que durante el franquismo solo en Soria fueron asesinadas 550 personas como parte de un baño de sangre que dejó miles de víctimas, muchas de ellas aún en fosas comunes sin identificar a orillas de los caminos o en lugares desconocidos.
Según testimonios, el día de los asesinatos falangistas (partidarios de Franco) y miembros de la Guardia Civil sacaron en dos camiones a presos de la cárcel de Almazán y detuvieron a otra persona por el camino hasta Barcones, donde los mataron.
Según testimonios en la ejecución participaron también voluntarios y hubo testigos, incluyendo tres niños, así como los párrocos de Barcones y de Soria.
Uno de los niños presentes en el lugar, identificado como Matías Bonilla, tenía entonces nueve años de edad y es hoy uno los testigos clave para la identificación de las fosas donde fueron enterradas las víctimas,
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La información coincidió con la declaración de expertos de la ONU, entre ellos el presidente del grupo de trabajo para las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky, que criticaron a España por no atender una petición de extradición por casos similares.
Los expertos aludieron a la solicitud de la jueza argentina María Servini para interrogar a 17 exfuncionarios franquistas imputados por delitos de lesa humanidad.
El comunicado fue firmado por Dulitzky y los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; sobre la tortura, Juan Méndez, y sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff.
Según los expertos, la denegación de la extradición deja sin amparo a víctimas y familiares, niega su derecho a la justicia y la verdad e ignora y contradice normas internacionales de derechos humanos.
El Estado español, agrega, no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal, según ley de amnistía de 1977, para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.
La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables, aclaró el comunicado.
El año pasado la ONU pidió a España informar sobre medidas adoptadas para elaborar un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos y disponer una partida presupuestaria para localizar y exhumar a miles de fusilados enterrados en fosas comunes.
El proceso en Argentina era la única causa contra los crímenes del franquismo hasta la decisión de la jueza de Soria de iniciar la investigación por el fusilamiento de 10 personas entre 25 y 54 años de edad.
Para el presidente de la asociación Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, y otros activistas, el proceso constituye un paso de gigante que puede significar se abran otros más a partir de cientos de demandas similares presentadas que esperan respuesta.
