Casi dos semanas de conflicto laboral en los campos de Baja California han llamado la atención sobre las condiciones de trabajo en la producción de fruta y verdura para el mercado de exportación y han conseguido la solidaridad del otro lado de la frontera. Miles de jornaleros de San Quintín, al sur de Ensenada, iniciaron una huelga el pasado día 17 de marzo para pedir mejores condiciones laborales ante lo que consideraban abusos por parte de las explotaciones agrícolas que sirven al mercado estadounidense. En las negociaciones, que aún no han concluido, se ha implicado el propio Gobierno del Estado tras episodios de violencia en los primeros días.
En los campos alrededor de Ensenada trabajan unos 30.000 jornaleros, muchos de ellos inmigrantes de otros estados pobres de México, cobran unos 8 dólares al día recogiendo las fresas, pepinos y tomates que se venden en el otro lado de la frontera. Las demandas de los trabajadores eran en principio son 300 pesos al día (19.6 dólares). En las últimas horas, esa cifra ha bajado hasta 200 pesos (13 dólares), según fuentes de las organizaciones de apoyo desde Los Ángeles. También exigen un acuerdo global que les dé protección en materia laboral y de salud.
Los dos primeros días de huelga dejaron escenas de violencia en la zona de Ensenada, donde el Gobierno federal tuvo que enviar tropas para apoyar a la policía local y estatal. Colegios y tiendas cerraron. Entre 170 y 200 personas fueron detenidas. La consecuencia más grave de estas acciones fue el corte de la carretera transnacional que llega hasta San Diego. Distribuidoras de alimentos del sur de California consultadas por Los Angeles Times aseguraron que la huelga está afectando al suministro de productos frescos. Los jornaleros han hecho coincidir los paros con la temporada alta de recolección y cada día que pasa sin acuerdo peligran las cosechas.
Según datos oficiales, la región del valle de San Quintín tiene 8.500 hectáreas de cultivos, principalmente tomate, fresa, pepino, arándano, frambuesa, mora y cebolla. El año pasado se crearon en la región 35.000 empleos, el 75% temporales, según una nota del Gobierno estatal.
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Sin embargo, al tiempo que se producía esta protesta, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, publicó una nota afirmando que la mayoría de los trabajadores había aceptado la última oferta de subida salarial de un 15% y las actividades del campo se habían retomado entre un 85% y un 90%. Fermín Salazar, uno de los líderes de la protesta, dijo a la agencia Associated Press que no habían aceptado el acuerdo. Salazar explicó que los trabajadores han vuelto al campo pero la protesta no ha terminado, a la espera de que los líderes de la misma lleguen a Mexicali.
Marco Antonio Estudillo, portavoz de la patronal citado por la misma agencia, dijo que no ofrecerán más del 15%. Añadió que la huelga de dos semanas ha afectado al 45% de los cultivos y las pérdidas se estiman entre 80 y 100 millones de dólares.
Los trabajadores de San Quintín han encontrado la solidaridad de al menos dos sindicatos de EE UU, de acuerdo con sendos comunicados difundidos por las organizaciones de apoyo. La Federación Americana del Trabajo envió una carta pública al secretario de Trabajo de México en la que da por buenas las violaciones de derechos de los trabajadores denunciadas por los jornaleros y le pide que “proteja los derechos de estos trabajadores y garantice la efectiva implementación de las leyes laborales mexicanas” en los campos de San Quintín. Los jornaleros también recibieron una carta de solidaridad de United Farm Workers, el sindicato de trabajadores del campo fundado por César Chávez en California.