Los focos rojos de la estrategia de seguridad de México que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto diagnosticó en noviembre son cuatro. Tamaulipas, al noreste, sometido al terror desatado por el enfrentamiento de Los Zetas y el Cartel del Golfo. Guerrero, la región donde se cometió el crimen que conmocionó al país hace seis meses: la matanza de Iguala que desembocó en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio. Michoacán, escenario de los choques entre civiles armados (autodefensas) y miembros de la banda de Los Caballeros Templarios y también una de las puntas de lanza de la estrategia de este Ejecutivo, que lanzó un plan para restablecer la seguridad en el estado en enero de 2014. Y Jalisco, donde han sido asesinados más de 70 funcionarios desde marzo de 2013. Al último, el regidor Feliciano García Fierros, lo mataron apenas el domingo pasado. Le dieron un tiro en la cabeza a plena luz del día.
García Fierros trabajaba en Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara, la capital de Jalisco, a unos 530 kilómetros al occidente de la Ciudad de México, y que concentra más de 4,5 millones de habitantes. Jalisco es un estado de intensa actividad turística, comercial y empresarial. El regidor era miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y era presidente de la Comisión de Reglamentos Municipales de Tlaquepaque. El PRI recuperó la gubernatura de Jalisco apenas en las elecciones de 2012 tras 18 años de gobiernos del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
El regidor es el último que ha engrosado una lista de decenas, que incluye a servidores públicos municipales, estatales y federales caídos en los últimos dos años. Al secretario de Turismo estatal, José de Jesús Gallegos, lo mataron a una semana de haber sido nombrado en el cargo. El alcalde de Ayutla, Manuel Gómez Torres, lo emboscaron en agosto de 2014. Gabriel Gómez Michel, diputado federal por Jalisco, fue asesinado en septiembre del mismo año. Su secuestro, ocurrido también en la zona metropolitana de Guadalajara, fue captado por las cámaras. Su cadáver, calcinado, fue hallado en Apulco (Zacatecas), a unos 150 kilómetros al noreste de la ciudad. En Jalisco, en promedio, un funcionario muere asesinado cada semana.
La ola de crímenes, no obstante, no son novedad en Jalisco. En los ochenta y noventa fue la cuna de una de las primeras organizaciones criminales de México: el cartel de Guadalajara. Varios de los mayores delitos cometidos por estos grupos ocurrieron en su territorio durante los años ochenta y noventa. Extorsiones, asesinatos, terrorismo. El crimen que desencadenó la mayor investigación hasta entonces realizada por la Agencia Antidrogas de EE UU (DEA), la Operación Leyenda: el asesinato de uno de sus agentes, Enrique Camarena, quien había conseguido infiltrarse en las entrañas de la banda. Fue asesinado y torturado por orden de los líderes del grupo: Miguel Ángel Félix Gallardo (conocido en los ochenta como el zar de la cocaína en México) y Rafael Caro Quintero, condenado a 40 años de prisión por el crimen pero posteriormente liberado el 9 de agosto de 2013. En enero de 2015 la Justicia mexicana reculó y emitió, de nuevo, una orden de arresto en su contra. Caro Quintero nació en Badiraguato, Sinaloa, el mismo sitio que Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
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La lista es larga y continúa. En 1993, el cardenal de la ciudad, Juan Jesús Posadas Ocampo, fue tiroteado en el aeropuerto de Guadalajara. Las autoridades concluyeron que el religioso fue víctima del fuego cruzado provocado por un enfrentamiento entre bandas rivales. El objetivo, según las primeras averiguaciones, era matar a El Chapo Guzmán. En 1994, un cochebomba estalló en las puertas del hotel Camino Real de la ciudad, justo cuando un operador del cartel de Sinaloa celebraba la fiesta de 15 años de una de sus hijas. Murieron cinco personas.
Los años más cruentos de la ofensiva contra el narcotráfico ideada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) tampoco dejaron indemne a Jalisco. En noviembre de 2011, 26 cadáveres aparecieron abandonados en tres camionetas días antes de que se inaugurase la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la mayor del mundo de habla hispana y uno de los grandes orgullos de la ciudad. Solamente en 2014, las autoridades hallaron 101 cuerpos en fosas clandestinas. En el municipio de La Barca, limítrofe con Michoacán, se encontró la tercera más grande que se ha hallado en México en los últimos años. Ahí yacían al menos 66 personas. La mayoría de los restos han terminado en fosas comunes. A la gran mayoría, nadie los ha identificado.
Cuando el Gobierno de Peña Nieto puso a Jalisco como prioridad en su estrategia de seguridad, el gobernador jalisciense, Aristóteles Sandoval, aseguró que la medida, a diferencia de Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, era «preventiva». El objetivo planteado —crear una Fuerza Única— es «evitar otro Iguala», según opinó el fiscal general de Jalisco. Pero los ataques continuos no han detenido. Un comando intentó matar al comisionado de seguridad del estado, Alejandro Solorio, apenas este martes. Salió ileso. Un dicho mexicano reza que Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata. Hasta ahora, y desde marzo de 2013, ha perdido servidores públicos del estado, que engrosan, a cuentagotas, la lista de los miles de muertos por la violencia desatada por el narcotráfico en México.
