La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) consideró hoy que tras 20 años de la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Estado avanzó muy poco debido al racismo imperante.
Los gobiernos guatemaltecos de las últimas dos décadas no le dieron prioridad al cumplimiento de este pacto pues la indiferencia, exclusión, invisibilidad, discriminación y olvido se acrecentó con el tiempo, expresó Conavigua en un comunicado.
En la nota, dirigida a la comunidad nacional e internacional, la organización recordó la lucha de miles de mujeres y hombres que dieron su vida y ejemplo de lucha por alcanzar una Guatemala plural.
La fuente calificó ese acuerdo político como el reconocimiento de una situación desigual en pro de respetar el pensamiento, práctica y forma de vivir de los pueblos indígenas.
Conavigua se refirió a miles de líderes mayas, xinca y garífunas que sufren persecución, arresto y asesinato por desarrollar su trabajo en las comunidades.
Se solidarizaron con las familias de los presos políticos de los pueblos kaqchikeles, mam, q’anjob’ales, q’eqchies y k’iche’s, pues aseguraron que durante el acutal gobierno (en el poder desde enero de 2012) se incrementó la política de despojo de tierras a favor de las empresas nacionales y transnacionales.
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El reporte de labores de 2014, divulgado por el titular de la Oacnudh en este país centroamericano, Alberto Brunori, se refiere al incremento de la conflictividad ligada a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, afirmó en mayo del año anterior, durante una visita oficial a Guatemala, que recibió información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de desprestigio contra defensores humanitarios.
La funcionaria confirmó que escuchó testimonios de defensores de Derechos Humanos que trabajan a favor de la justicia, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el medio ambiente.
El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas fue suscrito por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en busca de alcanzar soluciones pacíficas al conflicto armado interno (1960-1996).
Esta guerra dejó un saldo de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, según constató la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.