El ataque perpetrado por las FARC en el suroeste de Colombia, en el que murieron 11 militares y otros 24 resultaron heridos, según las últimos datos oficiales, fue catalogado como «crimen de guerra» porque los rebeldes utilizaron explosivos no convencionales, explicó hoy la Fiscalía.
«Los métodos de ataque que fueron utilizados por las FARC, que incluyeron el uso de artefactos explosivos no convencionales, constituyen un crimen de guerra, adicional a los homicidios que se han cometido», aseguró la institución en un comunicado leído por el fiscal general, Eduardo Montealegre.
Además, agrega el texto, un ataque «donde se causan daños y sufrimientos innecesarios está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario», por lo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «también deberán responder por la forma en la que realizaron esta emboscada».
Según explicó ayer el Ejército, el ataque se produjo durante la madrugada del miércoles en la zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste), donde los soldados fueron sorprendidos por los guerrilleros mientras dormían en un polideportivo.
Esta circunstancia ha sido determinante para que, en una intervención oficial horas después, Montealegre asegurara que la muerte de los militares era «homicidio en persona protegida», algo que hoy explicó tras la extrañeza generada.
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Y es que dicha clasificación aplica en el Derecho Internacional Humanitario para heridos, enfermos, prisioneros, náufragos y los civiles que no participan directamente en las hostilidades, así como personal médico y religioso, entre otros, por lo que su aplicación en este caso despertó dudas.
«Cuando los miembros de las Fuerzas Armadas permanecen fuera de combate o en una condición análoga, gozan del estatus de persona protegida. Cualquier atentado contra su integridad se considera una infracción al Derecho Internacional Humanitario», explicó la Fiscalía.
No obstante, matizó que la investigación puesta en marcha «está dirigida a establecer si las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo sucedido constituyen un homicidio en persona protegida u otro crimen de guerra», por lo que tal definición aún no es definitiva.
Las pesquisas del ataque son responsabilidad de la Fiscalía Quinta Especializada Seccional del Cauca, que ya ha solicitado a la policía judicial que le facilite fotografías del lugar e interrogue a los testigos.
