Este martes un senador de izquierda preguntó: “¿Qué distancia hay entre la Colina del Perro y la Casa Blanca?” La pregunta de Armando Ríos Piter, lanzada en la tribuna del Senado, hacía referencia a las emblemáticas mansiones de dos presidentes en la ciudad de México. La primera de José López Portillo (1976-1982), y la segunda deEnrique Peña Nieto, que desató una polémica internacional que ha marcado su mandato e inició una discusión sobre un presunto conflicto de intereses.
La revelación de la Casa Blanca y otros escándalos obligaron al Gobierno mexicano a impulsar la lucha contra la corrupción, un tema que había quedado apartado en las reformas del Pacto por México. Esta tarde el Senado ha aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción modificando 14 artículos de la Constitución. Su creación buscaremontar la crisis de credibilidad de las instituciones y erradicar un mal endémico que le cuesta al país cerca del 10% del PIB, una cifra monstruosa que representa 45 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor de América Latina.
El Sistema ha sido aprobado con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. Tuvo el respaldo de varias organizaciones de la sociedad, que exigían su votación antes del 30 de abril, cuando finaliza el periodo de sesiones.
La reforma creará mecanismos para quitar bienes y fortunas a los políticos corruptos que sean culpables del delito de enriquecimiento ilícito. Obliga a los servidores públicos a entregar sus declaraciones patrimoniales y de intereses (aunque no a hacerlas públicas). Aunque el primer objetivo son los servidores públicos las normas también hacen sujetos de multas y sanciones a aquellas empresas y particulares que den mordidas (sobornos) para mover el engranaje de la burocracia. El castigo contempla impedir a las empresasparticipar en licitaciones promovidas por el Gobierno. La ONG Transparencia mexicana calcula que en 2010 se pagaron 32.000 millones de pesos (2.000 millones de dólares) en mordidas en 200 millones de actos corruptos.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) será fortalecida por la reforma. Sus auditorías, que antes llegaban 14 meses después de que los dineros fueran desviados, podrán hacerse en tiempo real y en el mismo año fiscal. Las faltas graves serán reflejadas en expedientes que serán enviados a una nueva fiscalía anticorrupción especializada en servidores públicos, que podrá investigarlos hasta 7 años después de haberse cometido los delitos.
La ASF también tendrá mayores atribuciones de fiscalización para comprobar el destino y el uso de los recursos que se envían a los Estados. Solo el 8% del dinero que utilizan los gobernadores son ingresos propios. El 92% restante proviene del Ministerio de Hacienda. Hasta hoy la utilización de esos miles de millones de pesos permanece en la opacidad. La ASF ha reconocido que en la última década se han perdido 86.000 millones de dólares en actos de corrupción
Los legisladores de oposición han afirmado que el Sistema Nacional Anticorrupción crea “un régimen de excepción” a la figura presidencial. El artículo 108 de la Constitución señala que el mandatario solamente puede ser juzgado por traición a la patria o por delitos graves del fuero común. El PRD fracasó en su intento de modificar el dictamen para eliminar el fuero del presidente, un tema en el que coincidía la oposición. La omisión ha sido calificada como “la gran falla” de la reforma.
