El asesinato de Jaime Zapata fue un tema espinoso para el Gobierno mexicano en 2011. El agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) murió cuando conducía en las carreteras de San Luis Potosí, un Estado al norte del país con una importante presencia del cártel de Los Zetas. Un grupo de delincuentes lo detuvo para robarle la camioneta Suburban en la que viajaba junto con otro agente desde Monterrey a la Ciudad de México. Se negó a bajarse del vehículo, lo que desató un tiroteo.
Un año después del suceso que provocó tensiones con el Gobierno de Estados Unidos el periódicoThe Washington Post reveló que Zapata y su compañero, Víctor Ávila, iban armados, pero sus pistolas habían sido superadas por los calibres de los ladrones. La publicación fue una bomba periodística. Ambos agentes violaron la ley al portar armas en territorio mexicano, algo prohibido por las normas nacionales. En esa misma época The Houston Chronicle aseguró que un acuerdo informal entre los gobiernos de México y Estados Unidos permitía a los agentes estadounidenses portar armas cortas.
El pasado viernes 24 de abril la Cámara de Diputados culminó una reforma propuesta por Enrique Peña Nieto para modificar la Ley de Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Una mayoría (288 votos a favor, 82 en contra y 9 abstenciones) aprobó un texto que faculta a la Secretaría de la defensa Nacional (SEDENA) a otorgar permisos de portación de armas a los agentes extranjeros. Los partidos de izquierda se opusieron a la medida al considerar que viola la soberanía nacional y es un grave riesgo a la seguridad.
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Lo que han hecho los diputados es legislar la realidad. Con el inicio de la ofensiva contra el narcotráfico, emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón, empezó una época de mayor intercambio de información e inteligencia con las agencias de Estados Unidos. El FBI, la CIA y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional, como ICE, aumentaron la presencia de agentes en México. Las autoridades eran esquivas a la hora de confirmarlo, pero informaciones periodísticas de incidentes como el de San Luis Potosí revelaron el aumento de extranjeros armados en México. En agosto de 2012, por ejemplo, una camioneta en la que viajaban un marino mexicano y dos agentes de la CIA fue atacada por elementos de la Policía Federal. La participación de elementos extranjeros en la detención de altos capos del narcotráfico, como la de Joaquín El Chapo Guzmán, también ha sido un tema recurrente en la actual administración.
La iniciativa del Ejecutivo permite ahora portar armas hasta de calibre .40 a agentes extranjeros de migración que trabajen en la frontera. El personal de seguridad que acompañe a los jefes de Estado en visitas oficiales también contará con permisos para revólveres que no superen el calibre establecido. La SEDENA, no obstante, podrá permitir el ingreso a México de armas de mayor tamaño en “casos excepcionales” y cuando se “justifique la necesidad de su uso”. Los permisos serán entregados 15 días antes de la visita de agentes extranjeros y tendrán una vigencia de hasta seis meses, aunque podrán renovarse semestralmente. El principio de reciprocidad hace que los agentes mexicanos también puedan portar armamento en el extranjero.
