La Fiscalía Anticorrupción de Rumanía investiga a tres ejecutivos de Metrorex, el operador del metro de Bucarest, por las sospechas de que hubieran aceptado sobornos en una licitación ganada por la empresa guipuzcoana CAF, informó a Efe el ministerio público rumano.
Sobre los directivos rumanos, que son miembros de la comisión de evaluación de ofertas en esa empresa pública, pesa la sospecha de haber contribuido «al apaño de la licitación que tuvo como resultado la adjudicación a una empresa extranjera», aseguró la Fiscalía en un comunicado remitido a Efe.
En concreto se les acusa de «recibir sobornos», «abuso de poder» y difundir información reservada sobre las ofertas de la competencia, lo que habría otorgado «una ventaja indebida».
La agencia de noticias rumana Agerpres indica que en ese viaje los tres directivos visitaron la fábrica de CAF en Beasain, en el País Vasco.
En marzo pasado, Metrorex concedió a CAF la producción de 51 nuevos trenes, por un importe de 310 millones de euros, destinados a una nueva línea de metro que se construye en la periferia de Bucarest. Ante la «sospecha razonable» expuesta por la Fiscalía sobre irregularidades en el concurso público, Metrorex ha anunciado que la licitación ha sido suspendida.
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El resultado del concurso ya había sido recurrido por los competidores de CAF, la empresa rumana Astra Arad y el consorcio francés Alstom, después de que se anunciara el ganador.
La Fiscalía rumana también acusa al representante de «una empresa extranjera» en Rumanía, Ovidiu Bancescu, de «soborno». Los medios rumanos aseguran que Bancescu es un representante en Rumanía de CAF, y la Fiscalía precisa que es quien organizó el viaje de los tres ejecutivos rumanos a España.
Bancescu, según el ministerio público, habría «instigado» a uno de los tres ejecutivos rumanos a revelar detalles sobre las condiciones que ofrecían los competidores de CAF en la licitación.
Según la Fiscalía, los tres acusados proporcionaron información a la empresa española sobre las demás ofertas. Además, uno de los sospechosos habría cobrado de CAF una suma de dinero por supuestos servicios de traducción, a un precio que la Fiscalía considera «sobrevalorado». Fuentes de CAF consultadas por Efe declinaron hacer comentarios al respecto.
