La Corte Suprema de justicia condenó a los responsables de los servicios secretos colombianos durante el gobierno de Álvaro Uribe por el espionaje contra periodistas, activistas, jueces y políticos opositores.
La exdirectora de la policía secreta, María del Pilar Hurtado fue sentenciada a 14 años de cárcel y a ocho el ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno, por utilizar los servicios secretos contra opositores políticos y jueces. Un trabajo que se hizo «con la aquiescencia (consentimiento) de Álvaro Uribe», según el magistrado ponente Fernando Castro.
La Corte anunció que enviará copias de la sentencia a la comisión de acusación del Congreso para que investigue al propio Uribe y a varios de sus hombres de confianza, entre ellos el senador José Obdulio Gaviria, quien fue asesor personal del ex mandatario, de acuerdo con The Associated Press.
Según la sentencia, el Departamento Administrativo de Seguridad espió bajo la dirección de Hurtado y por órdenes de Moreno, quien informaba a la Presidencia.
Durante casi tres horas, el magistrado Fernando Castro detalló las actividades de espionaje que estuvieron centradas en los jueces de la corte y destacados políticos opositores como la ex senadora Piedad Córdoba o el actual alcalde de Bogotá Gustavo Petro Sobre Córdoba la sentencia señala que se intervino su teléfono y correo electrónico para obtener información de las liberaciones de secuestrados y por sus supuestos vínculos con la guerrilla y los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Además, señala, que existía interés del Gobierno por conocer quien pagaba los constantes viajes de Córdoba a Venezuela, país considerado «hostil» en ese momento, señaló el fallo. Sobre los jueces, la sentencia dijo que los servicios secretos del gobierno Uribe organizaron el ‘Plan escalera’, que consistió en grabar las sesiones de la Corte Suprema a través de infiltrados.
Para la Corte quedó probado que tanto Hurtado como Moreno ordenaron esas actividades sin tener sustento legal para efectuarlas y con el ánimo de satisfacer las necesidades que llegaban desde la casa presidencial. Nada más conocerse la sentencia, Uribe (2002-2010) señaló que se ha condenado a personas «honorables» por cumplir su deber.
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Desde que en 2009 la revista Semana reveló las conocidas como ‘chuzadas’ sobre interceptaciones y seguimientos ilegales a opositores, la Fiscalía inició una compleja investigación que ha llevado a prisión a una treintena de exdetectives del DAS, institución que dependía de la Presidencia y que fue cerrada en octubre de 2011 por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos debido al escándalo.
No sólo Hurtado y Moreno forman parte de la lista de excolaboradores y amigos de Uribe que enfrentan líos con la justicia. El que fuera uno de sus ministros estrella en la cartera de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue condenado en julio de 2014 a más de 17 años de cárcel por las irregularidades en que incurrió en un programa de subsidios agrícolas. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde pidió asilo.
Otros dos exministros uribistas, Sabas Pretelt y Diego Palacio, están a la espera de una decisión de la Corte Suprema por las actuaciones irregulares que habrían tenido en 2004 al momento de impulsar la reelección presidencial de Uribe.
Óscar Iván Zuluaga, que fue el candidato del uribismo en las elecciones presidenciales de 2014 es investigado por sus nexos con un experto en informática que espiaba a los delegados del gobierno y de las FARC en el marco del proceso de paz que las partes adelantan en Cuba desde fines de 2012.
Finalmente, el que fuera director del DAS entre 2002 y 2005, Jorge Noguera, está condenado a una pena de 25 años por varios delitos, entre ellos el homicidio -a manos de paramilitares- de un profesor universitario y activista.
Paradójicamente, y pese a los escándalos de su gobierno, Uribe sigue siendo el político más popular del país, con una favorabilidad del 59%, según una encuesta divulgada el jueves por la firma Gallup, que otorgó un favoritismo del 29% al presidente Santos.
